Un informe jurídico del Parlamento navarro respalda la constitucionalidad del proyecto que liberaliza las farmacias

Los servicios jurídicos del Parlamento navarro han respaldado en un informe la constitucionalidad del proyecto de ley foral de Atención Farmacéutica con el que el Ejecutivo regionalista pretenden liberalizar el sector y que ha motivado una guerra abierta con el Colegio y la patronal profesional.Los letrados consideran que el modelo del proyecto "se aparta de los seguidos hasta ahora por el Estado y también de los regulados por otras comunidades", pero añade que "ello entra dentro del margen que constitucionalmente tienen atribuido las comunidades autónomas" con competencias en sanidad. El texto, de 23 folios, sostiene que el proyecto del Ejecutivo de UPN no presenta "vicios" de inconstitucionalidad ni incumple la legislación básica del Estado y recuerda que éste "no establece, por voluntad expresa de las Cortes, un modelo limitativo de máximos para la apertura de oficinas de farmacia".

El informe, que fue dado a conocer ayer a los partidos parlamentarios, puntualiza que las medidas del proyecto "pueden ser objeto de las opiniones que se quiera", pero desde el punto de vista jurídico "respetan las previsiones establecidas en la legislación estatal básica en sentido estricto". Los farmacéuticos navarros han venido insistiendo en sus protestas en que Navarra romperá el modelo nacional y han amenazado con recurrir la ley si se aprueba en los mismos términos ante el Tribunal Constitucional.

La juez que anuló el pasado viernes de forma cautelar la decisión de los profesionales de cobrar el 100% de las medicinas ha citado para hoy a los abogados del Gobierno navarro y del Colegio de Farmacéuticos para la celebración de una vistilla en la que decidirá si mantienne o no la suspensión cautelar.

Víctor Calleja, director gerente del Servicio Navarro de Salud, adelantó ayer que los contactos mantenidos el pasado fin de semana con el Colegio no han fructificado y que Osasunbidea mantiene listo su dispositivo de venta directa de fármacos en ambulatorios. El consejero de Salud, Santiago Cervera, ha negado la existencia de un preacuerdo verbal para reconducir el conflicto, en contra de lo manifestado por los responsables del sector.