El Gobierno navarro propone notables recortes a la presencia del euskera en la Administración

El Gobierno de Navarra, en manos de UPN, ha desvelado algunas de las claves de la reforma lingüística que impulsa para acotar el uso del euskera en la administración pública y en las relaciones de ésta con sus ciudadanos. Aunque todavía es un simple borrador que espera el preceptivo dictamen del Consejo de Navarra, la reforma ha comenzado a levantar ampollas entre los sindicatos de la propia Administración foral, los partidos nacionalistas y las asociaciones que promueven la normalización del uso de la lengua vasca en la comunidad foral.

Acceso al trabajo

Fue la pasada primavera cuando el presidente de Navarra y de UPN, Miguel Sanz, prometió ante el Parlamento foral una nueva regulación del uso de la lengua vasca para adecuarla a la "realidad sociolingüística" de Navarra. Fue también su respuesta a la demanda de la oposición socialista, espoleada por las críticas de UGT, que viene insistiendo desde hace algunos años en la "discriminación" de los castellanoparlantes a la hora de acceder a determinados puestos de trabajo en la función pública foral.Esas demandas unidas a la presión contraria de los grupos promotores del euskera, que presentaron al Ejecutivo 48.000 firmas exigiendo la extensión de la cooficialidad del euskera a toda Navarra, indujeron a Sanz a desarrollar, en sentido diametralmente opuesto, un borrador de decreto que pretende recortar la presencia y el uso de la lingua navarrorum en los ámbitos públicos.

El nuevo decreto, llamado a sustituir al vigente, aprobado en 1994, reitera que el castellano es la lengua oficial de la comunidad foral y reconoce al vascuence el carácter de cooficial en la zona vascófona, ubicada en el tercio norte geográfico.

El legislador, pese a reconocer el derecho de los ciudadanos a usar el euskera en sus relaciones con la Administración pública, rebaja esos derechos y, por ejemplo, ha sustituido el "requisito específico" que la normativa otorgaba al conocimiento del vascuence para acceder a ciertas plazas por su "conocimiento preceptivo" para incluirlo en el ámbito de los principios de mérito y capacidad.

Si antes se "garantizaba" que en la zona mixta (que abarca Pamplona y su comarca) habría trabajadores públicos para atender en euskera, ahora sólo se habla de "posibilitar" ese servicio y se introduce la coletilla del "progresivo" cumplimiento de la Ley del Euskera, de 1986, al instar a las administraciones de esa zona a que dispongan de personal vascohablante.

Con todo, son las modificaciones que afectan a la Navarra vascoparlante, con un 57,6% de los habitantes bilingüe, las más llamativas de la regulación que pretende UPN. El borrador de decreto hace expresa alusión al derecho de los ciudadanos que residen en ese área "a no ser discriminados por razones de lengua". La reforma propone que los impresos internos y las comunicaciones con la ciudadanía sean sólo en castellano o bilingües (sólo cuando el interesado lo quiera expresamente en euskera), y anula por tanto la exigencia actual de incluir ambas lenguas. Los impresos y formularios de la zona mixta, en la que se integra más del 50% de la población navarra, serán sólo en castellano o bilingües, y siempre en unidades separadas.

Asimismo establece que los rótulos de oficinas y sedes públicas estén sólo en castellano (desaparece la forma bilingüe) y que los avisos, publicaciones y anuncios en medios de comunicación serán sólo en castellano.

El decreto señala que las administraciones deberán indicar qué puestos deben tener un conocimiento "preceptivo" del euskera y en qué grado de dominio con lo que deja de ser requisito. Además, se crea un circuito de movilidad interna limitada para los trabajadores que accedan a la función pública en plazas con conocimiento de euskera. El decreto dice que estas personas sólo podrán participar después en la provisión de vacantes para las que el conocimiento del vascuence sea igualmente preceptivo. De esta forma, UPN elimina el límite de cinco años a partir del cual estos trabajadores podían acceder a cualquier vacante sin límites geográficos.El decreto contiene otras muchas modificaciones. Una de las más significativas limita la obligatoriedad de tener unidades oficiales de traducción que garanticen la comunicación bilingüe con los ciudadanos a los servicios centrales de la Diputación y a los municipios de más de 20.000 habitantes; el único es Barañáin. En el resto, esa unidad será potestativa del ente o municipio.