Una empresa privada se hace cargo de la seguridad de los consejeros andaluces

El Gobierno andaluz contrató los servicios de una empresa de seguridad privada para desarrollar funciones de escolta de sus altos cargos el pasado verano, según fuentes del Ejecutivo autónomo. La decisión se tomó tras el atentado mortal contra el concejal del PP de Málaga José María Martín Carpena, el 15 de julio, y del intento de asesinato con una bomba lapa cuatro días después del vicesecretario general del PSOE de Andalucía, José Asenjo. Sólo tres consejeros, además del presidente de la comunidad, tienen protección de la policía autonómica, mientras que para el resto de los miembros del Gobierno andaluz se ha tenido que contratar a una empresa de seguridad privada, tras autorizarlo el Ministerio del Interior.

La unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía está integrada por 250 agentes, de los 520 que Interior se comprometió a ceder en un convenio firmado con la Administración regional. Pese a esta escasez de medios, el subdelegado del Gobierno en Granada, Alfonso Marín Sicilia, sugirió ayer que, ante la imposibilidad material de disponer de un escolta policial para cada uno de los representantes de la judicatura, la Junta de Andalucía, que tiene transferidas las competencias sobre recursos humanos y materiales en Justicia, debería contratar guardaespaldas privados. Tras el atentado mortal en Granada contra Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Marín Sicilia se ha reunido en los últimos días, con representantes de este organismo, informa Alejandro V. García.

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Jesús Quero, rechazó la posibilidad de acudir a empresas privadas porque considera la seguridad como un asunto de competencia exclusiva del Ministerio del Interior. A lo sumo, dijo, la Consejería de Gobernación podría costear la colocación de arcos de detección de metales, escáner o vigilantes de aparcamientos en las sedes de los tribunales.