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El Gobierno dará trato preferente a CiU y CC al negociar la financiación

Luis R. Aizpeolea

El Gobierno anunció ayer que dará un trato preferente a sus antiguos socios nacionalistas, CiU y Coalición Canaria (CC), en la negociación del modelo de financiación autonómica que se iniciará en enero. No obstante, el Ejecutivo no descarta abordar este tema antes de fin de año, en la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al que convocará para informar a las comunidades de la Ley de Estabilidad Presupuestaria antes de aprobarla en Consejo de Ministros.

El Gobierno empieza a desplegar su ofensiva política ante la proximidad de la complicada negociación del modelo de financiación autonómica, que suscitará conflictos de intereses entre comunidades así como con el Ejecutivo. Ayer, desde el Ejecutivo se intentó desactivar el conflicto con sus antiguos socios nacionalistas, CiU y Coalición Canaria, y se anunció un "trato preferente" con ambos, sobre todo en lo que se refiere a la información sobre el proyecto gubernamental de financiación.Con esta cortesía, el Gobierno trata de compensar el apoyo que recibirá de CiU y CC para los Presupuestos y responde a una demanda realizada la víspera por el dirigente de CiU Josep Antoni Duran Lleida, que reclamó en Madrid un "trato preferente" y el adelanto de los criterios sobre el modelo de financiación. CiU quiere saberlo antes de apoyar los Presupuestos.

A su vez, el Gobierno marcó ayer distancias con el PSOE en este asunto. El encargado de argumentarlas fue el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, que aprovechó para arremeter contra el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de no tener "autoridad suficiente para fijar criterios en el PSOE sobre financiación autonómica". Rodríguez Zapatero había adelantado el fin de semana que corresponde al Gobierno y a las comunidades la prioridad en la negociación sobre financiación, lo que el Ejecutivo ha interpretado como un intento de los socialistas de inhibirse en tan complejo asunto descargando la responsabilidad en los Gobiernos autonómicos que controla.

El Gobierno aún no ha abierto las conversaciones con las comunidades sobre el modelo de financiación. Probablemente lo haga por vez primera en el CPFF, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, y que convocará antes de fin de año para abordar el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, antes de enviarlo al Consejo de Ministros.

La pretensión de dicho proyecto, del que es autor el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es que el objetivo del Gobierno de alcanzar el déficit cero en los Presupuestos de 2001 obligue también por ley a las autonomías para combatir la deuda. Fuentes gubernamentales confirmaron ayer que el Gobierno está consultando con las autonomías sobre dicho proyecto, que obligará a los parlamentos regionales a fijar anualmente el límite de gasto que cada administración puede acometer en el siguiente ejercicio.

Hacienda ha fijado un mecanismo de control, de modo que las autonomías que superen el límite de gasto están obligadas a presentar un plan de saneamiento. De no hacerlo, el Gobierno podrá castigarlas con el veto a la emisión de deuda.

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