La Generalitat perderá en 20 meses las ayudas bloqueadas por Bruselas
El Gobierno de la Generalitat perderá los 2.329 millones de pesetas (14 millones de euros) de ayudas sociales bloqueadas por la Comisión Europea si no justifica su destino antes de 20 meses. Estas ayudas, que otorga el Fondo Social Europeo (FSE), representan el 25% de la cantidad que el Gobierno catalán recibe anualmente para la formación de desempleados. Los fondos han sido bloqueados a causa de las presuntas irregularidades que los juzgados investigan sobre el uso que el Gobierno catalán ha dado a las ayudas.
La Comisión Europea confía en poder tomar una decisión cuando las investigaciones en curso aclaren la situación. "Todavía no hay motivo para alarmarse", declaró ayer al respecto una fuente comunitaria. Con todo, el Ejecutivo comunitario recordó que las subvenciones del Fondo Social Europeo están sometidas a unos plazos y que podrían perderse definitivamente si antes del verano del año 2002 las autoridades españolas no arrojan luz sobre si los proyectos a los que iban destinadas las ayudas eran "limpios".Los responsables de estos fondos en Bruselas han bloqueado estas partidas porque las autoridades españolas no han dado explicaciones convincentes a los requerimientos de información por parte de la Comisión. Las ayudas para la formación de parados han estado en el ojo del huracán político en Cataluña desde hace dos años debido a las denuncias de irregularidades. El caso más sonado ha sido el de las academias de Fidel Pallerols, investigado por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona por supuestas irregularidades en el uso de estos fondos. Algunos profesores de los centros de Pallerols denunciaron que se falsificaban las firmas de asistencias a algunos cursos y el caso ha derivado en acusaciones de financiación ilegal a Unió Democràtica.
El juez investiga si Pallerols financió a Unió con una parte de los fondos para formar parados que recibió del Departamento de Trabajo, cosa que UDC niega. Pero los servicios de la comisaria europea de Asuntos Sociales y Empleo, Anna Diamantopoulou, exigen garantías de las autoridades españolas de que los fondos destinados a la formación de desempleados en Cataluña se destinan a ese objetivo. El consejero de Trabajo, Lluís Franco, reconoció en el pasado mes de septiembre en el Parlament que los controles en la concesión habían sido insuficientes.
Las primeras dudas de la Comisión sobre las medidas de control surgieron el pasado mes de abril. "Existía un riesgo potencial para el presupuesto. Por eso se decidió suspender los 14 millones de euros", declaró una fuente comunitaria. Bruselas considera que los controles aplicados no son satisfactorios. "Hemos pedido información más detallada, pero todavía no la han facilitado", lamentó la fuente. "Necesitamos información concreta de que el dinero no se ha otorgado a proyectos irregulares".
Bruselas no descarta bloquear más fondos si afloran nuevas anomalías
La Comisión Europea confía en poder tomar una decisión para desbloquear las subvenciones cuando las investigaciones en curso aclaren la situación. Pero recuerda que "investigar lo que ha pasado con esos fondos es competencia estrictamente nacional".Uno de los problemas a los que se enfrenta Bruselas son las informaciones en las que se sostiene que el dinero se ha destinado a proyectos de dudosa legalidad. La Comisión no descarta incluso que se aumente la cantidad bloqueada si afloran nuevas irregularidades. "Si nos dicen que la cantidad es mayor, bloquearemos más dinero. La pelota está del lado de la justicia española. Mientras tanto, nos mantendremos a la espera", remacharon las fuentes consultadas.
Lo importante para la Comisión Europea es la investigación de las autoridades españolas sobre estos fondos y no tanto que el caso siga en los tribunales. "Mientras la justicia española tenga el caso abierto, es muy probable que la Comisión decida desbloquear el dinero o declararlo definitivamente ilegal".
Pero la decisión de desbloqueo no será automática. "Aunque los tribunales digan que no hay fraude, eso no significa que se desbloqueen todos los fondos", indican las fuentes comunitarias. Estas fuentes instan a las autoridades a resolver el problema por la vía de una investigación y a respaldar políticamente la legalidad en el uso de estos fondos. "Si las Cortes españolas dan el visto bueno, es una señal lo suficientemente fuerte como para que la Comisión tenga garantías de que España investiga los proyectos plenamente", añadieron las fuentes consultadas de la Comisión Europea.
Con todo, en Bruselas se insiste en restar dramatismo al problema afirmando que los pagos "no están perdidos para siempre".
La entrega de los fondos sociales que administra el Fondo Social Europeo tiene un calendario fijado. La Comisión Europea realiza los pagos a los Estados miembros dos veces al año para financiar los proyectos del FSE. El 50% de la cantidad pactada se entrega a principios de año, y a mediados, el 30% de lo comprometido para ese año. El 20% restante se decide en función del resultado de la última revisión de las cuentas a final del periodo. Este examen se prolongará hasta el verano de 2002. "España tiene aún tiempo suficiente para aclarar la situación", afirma la Comisión Europea. "El verano de 2002 es la fecha límite para aclarar las cuentas. Lo que debe hacer España es llevar adelante la investigación y tener informada a la Comisión", concluyeron las fuentes consultadas.
Tanto la Generalitat como Unió Democràtica de Catalunya (UDC) han rechazado irregularidades en el uso de estos fondos. El consejero de Trabajo, Lluís Franco, miembro de UDC, ha quitado hierro a la decisión de Bruselas. El consejero afirma que el bloqueo de fondos sólo afectará a 445 millones de pesetas de lo recibido del FSE, una quinta parte de lo que ha anunciado Bruselas.
Para intentar minimizar la medida de la Comisión Europea, el consejero de Trabajo afirma que esos 445 millones sólo representan el 0,37% de lo que el FSE ha entregado a la Generalitat en el periodo comprendido entre 1994 y 1999.
La mayoría parlamentaria de CiU ha rechazado por dos veces, con apoyo del PP, la propuesta de que el Parlament investigue el caso. La oposición critica que algunas fundaciones ligadas a Unió -Fecea y Fesec- hayan recibido fondos para formación de parados.
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