El Gobierno triplica los casos sujetos a declaración ambiental

España evitó ayer ser denunciada ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) por no haber adaptado su legislación a las disposiciones comunitarias en materia de medio ambiente. El Gobierno, que tenía que haber traspuesto la directiva en marzo de 1999, lo hizo ayer, ampliando de 20 a 60 el número de proyectos que tendrán que someterse obligatoriamente a la declaración de impacto ambiental.España evitó ayer ser denunciada ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) por no haber adaptado su legislación a las disposiciones comunitarias en materia de medio ambiente. El Gobierno, que tenía que haber traspuesto la directiva en marzo de 1999, lo hizo ayer, ampliando de 20 a 60 el número de proyectos que tendrán que someterse obligatoriamente a la declaración de impacto ambiental.

Criterios de evaluación

La situación estaba tensa con la Comisión Europea (CE). El plazo para adaptar las leyes españolas a la directiva comunitaria 97/ 11 CE había vencido en marzo de 1999. Con España, habían fallado Austria, Francia, Luxemburgo, Alemania, Grecia y Reino Unido. La CE abrió un procedimiento sancionador contra España en julio del año pasado por su retraso."Cualquier retraso impedirá la integración del medio ambiente en otras políticas, así como la promoción de un desarrollo sostenible", advirtió la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, al anunciar en febrero pasado que la infracción podía llevar a España ante los tribunales comunitarios. "España no ha adoptado ninguna norma que permita realizar los estudios para la evaluación de impacto ambiental", añadió la comisaria.

Criterios de evaluación

La directiva 97/11 pretende que los daños ambientales o la contaminación se puedan prever antes de que determinadas obras de infraestructura lleguen a término. Ya otra directiva de 1985 declaraba "siempre obligatoria" la evaluación del impacto en las grandes obras, y "sólo necesaria" en los casos en que los Estados decidieran.

Pero en 1997 la UE amplió la obligatoriedad a proyectos como los parques eólicos o los planes urbanísticos, e incluyó un procedimiento de análisis para que los Estados lo apliquen a la hora de evaluar.

"Con el decreto ley trasponemos la directiva comunitaria", dice Carmen Martorell, secretaria general del Ministerio de Medio Ambiente. "Ahora entrarán en la evaluación obligatoria una gran variedad de proyectos que antes no eran incluidos, como parques eólicos, planes de urbanismo o gasoductos. Asimismo se estudiarán zonas especialmente sensibles como aeródromos, pistas de esquí o parques temáticos". Según Martorell, "antes lo obligatorio era el impacto ambiental en las grandes infraestructuras, mientras que ahora se decidirá en otras categorías en función de la naturaleza del proyecto, su ubicación y las características del impacto potencial". La intención del decreto, matizó Martorell, "no es paralizar proyectos, sino que mejoren".

La gama de sectores que deberán someterse a evaluación llega hasta triplicar el número de las evaluaciones requeridas. Desde la industria minera hasta el tratamiento de residuos peligrosos o no, pasando por la agricultura, la siderurgia, la petroquímica, las papeleras, los textiles, o los acueductos y trasvases.

Los proyectos serán examinados con arreglo a criterios que tengan en cuenta aspectos como el tamaño, el hecho de que se acumulen con otros proyectos, la utilización que hagan de recursos naturales, la generación de residuos, y desde luego la contaminación y el riesgo de accidentes considerando las sustancias y tecnologías que se empleen.Existe, sin embargo, una serie de proyectos que no tendrán que pasar evaluación obligatoria, a no ser que ello sea decidido, en función de cada caso, por el órgano ambiental competente, que deberá en cualquier caso motivar públicamente esa medida: por ejemplo, en esa categoría entran los metros, los tranvías, los cámpings, almacenes de chatarra, pistas de carreras o las obras de aportación de arena a las playas.

La sensibilidad de las zonas geográficas en que se enmarquen los proyectos pasa a ser un factor determinante. Se prestará especial atención a áreas como humedales (España posee una gran riqueza, con 38 registrados, entre ellos algunos de la importancia de Doñana, la Albufera, las Tablas de Daimiel o el Delta del Ebro), zonas costeras, de montaña y de bosque, reservas y parques naturales, o aquellas áreas en que existe gran densidad demográfica, e incluso los paisajes considerados de significación histórica, cultural y arqueológica. Otros factores tenidos en cuenta serán la extensión del impacto ambiental a la luz del área geográfica y de la población afectada, así como si rebasa las fronteras, además del grado de probabilidad y de frecuencia, la duración y, por último, si resulta reversible una vez ocurrido.

El ministerio destaca que el texto legislativo ha sido consensuado con las comunidades autónomas, que podrán adaptarse a las prescripciones ambientales de obligado cumplimiento en la UE "de cara a la solicitud de ayudas inversoras, recogidas en la nueva programación de fondos comunitarios". Varias comunidades autónomas se habían ya adaptado a la legislación de la UE.