Silencio institucional
El Gobierno vasco sabía que se estaba gestando la venta de Autopista Vasco Aragonesa (Avasa). El Ejecutivo autonómico ha sido un mero observador y no ha dicho nada porque, a su entender, éste es un tema estrictamente privado, de empresas. Sin embargo, uno de los factores determinantes de la operación ha sido el acuerdo alcanzado a primeros de año entre la Administración central y Avasa para prorrogar en 15 años la concesión de la utopista A-68 (Bilbao-Zaragoza), a cambio de una reducción de los peajes de un 32,5%. La concesión, que caducaba en 2012, se prolonga así hasta 2026. El acuerdo, gestado de espaldas a las instituciones vascas, suscitó el malestar de todos los partidos, salvo el Partido Popular y la Diputación alavesa. El Parlamento vasco aprobó en marzo una proposición no de ley que criticaba el acuerdo por entender que perjudicaba a los usuarios y suponía un claro beneficio para la empresa. La proposición instaba al Gobierno a recurrir la decisión y al Consejo de Ministros, a dictar su nulidad.
La venta demuestra que la prórroga de la concesión ha revalorizado Vasco Aragonesa, lo que ha redundado en el conjunto de sus accionistas. Aprovechando la voluntad de venta del BBVA y el interés de Iberpistas, las otras sociedades que participaban en su capital han obtenido importantes beneficios.
Avasa obtuvo el pasado año unos ingresos de 18.500 millones de pesetas y un beneficio neto (después de impuestos) de 1.100 millones. A finales del pasado ejercicio sus fondos propios alcanzaban los 99.600 millones de pesetas. Estos datos se lograron con 16.1 millones de usuarios. Los peajes que contabilizaron un mayor volumen de paso fueron los de Llodio (23,4%), Altube (13,8%) y Zaragoza (8,9%). El tráfico con respecto al año anterior aumentó en un 11,4%.
