La fiscalía mexicana investiga a Cavallo por la desaparición de 15 franceses

La Fiscalía General de México interrogará al presunto torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo sobre la desaparición de 15 ciudadanos franceses, entre ellos dos monjas, durante el régimen militar de su país (1976- 1983), informaron ayer fuentes oficiales. El subprocurador Everardo Moreno explicó que el pasado martes visitó a Cavallo en su celda y le anunció que el Gobierno francés envió a la fiscalía una carta rogatoria para que lo interrogue el próximo día 18. El 25 de agosto pasado, el juez francés Roger Le Loire envió una petición a la fiscalía mexicana para que tome declaración al ex militar argentino por las denuncias presentadas por las familias de las religiosas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, secuestradas en 1977.Cavallo había sido detenido por la policía mexicana en Cancún el día anterior para responder a las acusaciones de genocidio, terrorismo y torturas presentadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El diario maxicano Milenio informó ayer de que Argentina busca argumentos penales, probablemente de tipo fiscal, para acusar a Cavallo y pedir su extradición. Hasta su detención, Cavallo era director del Registro Nacional de Vehículos (Renave) de México, organismo encargado de administrar la documentación de los 14 millones de automóviles que circulan en el país.

Extradición a España

El Gobierno mexicano tiene de plazo hasta el 25 de octubre próximo para definir si concede a España la extradición del ex militar argentino, informó el martes Álvaro Carrillo, abogado de Cavallo. El juez Garzón dictó el martes pasado una resolución en la que propone al Ejecutivo español que solicite su extradición a las autoridades mexicanas. Pero si Argentina pide también la extradición, esta solicitud prevalecería sobre la española y el ex militar podría volver a su país, donde la amnistía y la Ley de Punto Final le protegen de los excesos cometidos durante la dictadura. Los abogados de Cavallo presentaron un recurso el 1 de septiembre, ya que el letrado Carrillo solicitó amparo en contra de la detención con fines de extradición de su cliente por considerar que fue detenido de forma irregular y que no se ha acreditado suficientemente su identidad.

La detención de Cavallo alcanzó tintes dramáticos después de que la policía mexicana localizara el jueves pasado en un paraje boscoso próximo a la capital de México el cadáver del subsecretario de Comercio, Raúl Ramos, supervisor del Renave. Ramos, que supuestamente se suicidó cortándose las venas de una pierna, las muñecas y el cuello, dejó varias cartas en las que defendía su honradez, la legalidad de la adjudicación del Renave a la empresa de Cavallo y liberaba de responsabilidad a sus colaboradores.

Entretanto, el vicepresidente primero del Gobierno español, Mariano Rajoy, que ha efectuado un viaje oficial a México, aseguró ayer: "Mi visita a México no tenía nada que ver con el caso Cavallo". Rajoy dijo que la posición del Gobierno es la de "no obstaculizar la acción de la justicia" y apostar por la creación de un Tribunal Penal Internacional, lo que, a su juicio, "sería lo más sensato" para juzgar estos casos.

Amnistía Internacional ha enviado una carta al presidente del Gobierno español, José María Aznar, en la que le insta a solicitar "con la máxima celeridad posible" la extradición de Cavallo para ponerle a disposición de la Justicia.