Decisión sectaria

Hay decisiones políticas a las que, por más que se les busque explicación, no hay forma de encontrarla: excepto por sectarismo. Sucede con la medida de la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, de destituir al doctor Rafael Matesanz, impulsor de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y experto internacionalmente reconocido en la materia como representante de España en el comité de trasplantes del Consejo de Europa. Ante lo sorprendente de la decisión, el departamento que dirige Villalobos no ha podido alegar otro argumento que el de autoridad: la potestad que tienen los Gobiernos para designar a sus representantes en los organismos internacionales. Pero una decisión política, además de legal, está obligada a no ser arbitraria. La crítica de la destitución de Matesanz ha sido unánime tanto por parte de las asociaciones de pacientes y trasplantados como de los estamentos médicos y sanitarios. Nadie comprende la decisión de Villalobos, que, al añadirse a la previa destitución de Matesanz como director general de Asistencia Sanitaria al tomar posesión la ministra, adquiere tonos de represalia; no se sabe si por haber formado Matesanz parte del equipo del anterior ministro de Sanidad, José Manuel Romay, o por haber colaborado con anteriores Gobiernos socialistas. Se considera que la representación de España en el comité de trasplantes del Consejo de Europa, desde el que se impulsa en gran medida la política europea en la materia, debe responder más a criterios técnicos que políticos. Además, en el caso de Rafael Matesanz, su destitución en el Consejo de Europa lleva aparejada la pérdida para España de la presidencia de ese organismo, para la que el experto español había sido elegido en 1995.

No existen, pues, argumentos sólidos -o en todo caso Sanidad no los ha dado- que justifiquen una decisión que, además de suponer para España una pérdida importante en los foros internacionales, puede tener repercusiones negativas sobre el futuro de los trasplantes en nuestro país. A falta de argumentos, la decisión de Villalobos queda en lo que parece a simple vista: una caprichosa medida política que contribuye a empobrecer la sanidad pública española y a debilitar el prestigio internacional de nuestro país en el campo de los trasplantes.