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El Gobierno español estudia medidas fiscales para compensar pérdidas a pescadores y agricultores

La Comisión Delegada del Goberno analizó diversas medidas fiscales para compensar las pérdidas en el sector agrario ocasionadas por la fuerte subida de los carburantes. Entre estas medidas se podría incluir la reducción de módulos del IRPF a los agricultores, así como elevar el IVA de los precios de los productos agrícolas desde el 5% actual al 7%. Estas posibles mejoras ya fueron ayer calificadas de insuficientes por las organizaciones agrarias que reclamaron con más insistencia si cabe bajadas del impuesto especial de hidrocarburos. Pero el Gobierno ha dicho que descarta tal posibilidad. Ayer el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, recalcó que "con toda seguridad no se van a rebajar los los impuestos de los carburantes".En esta línea, el secretario de Política Económica y de Defensa de la Competencia, Luis de Guindos, aseguró ayer que el impacto de la escalada del crudo está siendo menor en España que en el resto de la Unión Europea, como lo demuestra el dato del IPC armonizado del pasado mes de julio, dónde el componente energético fue del 13,7% en Europa y del 13% en España.

A pesar de ello, el Grupo Socialista en el Congreso ha presentado una proposición no de ley que defenderá la semana próxima y en la que se recoge una batería de medidas para frenar la espiral alcista y paliar sus efectos en los sectores agrícola, pesquero y de transportes.

En esta dirección, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, ha pedido al Gobierno que tome medidas para palíar los efectos de la subida del carburante.

Ayer el titular de Agricultura, Miguel Arias Cañete, fue el encargado de trasladar al Gobierno las reivindicaciones de agricultores y pescadores cuyo impacto en sus bolsillos superan los 100.000 millones de pesetas. Dentro del cruce de intereses y reivindicaciones sectoriales que ha despertado el gran aumento del precio de los carburantes, el presidente de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio, Roberto Sáenz, aseguró que si la Plataforma Nacional de Consumidores de carburantes no retira la propuesta de boicotear las gasolineras de Repsol YPF estudiarán presentar una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, por entender que es una conducta prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia. A pesar de estas críticas, Sáenz expresó su deseo de incorporarse a la Plataforma de Consumidores como un miembro más para poder exponer sus puntos de vista sobre el alza de precios.

El secretario general de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Aurelio Ayala, afirmó que el boicoteo contra Repsol convocado por los consumidores es "injusto y desproporcionado y complicará la situación".

La asociación de transporte de mercancías Conetrans apuntó que "la única solución real para que el sector sea rentable actualmente es que los empresarios puedan trasladar a sus clientes el aumento de sus costes", por lo que exigió a los cargadores que apliquen la subida de tarifas en vigor desde julio pasado. El presidente de la asociación, Ovidio de la Roza, explicó que Conetrans no se ha unido a la Plataforma Nacional de Consumidores porque considera que para defender mejor los intereses de los transportistas no hay que mezclarse con los de otros sectores.

También el sector de ambulancias señaló que no descarta tomar medidas de presión si el Gobierno no aprueba alguna medida para paliar los efectos de la subida del precio de los carburantes.

A juicio del director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Juan Iranzo, la Unión Europea debería amenazar a la OPEP ante su reunión en Viena del próximo domingo para tratar de acabar con la "cartelización" del mercado del crudo.

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