El Ejecutivo aragonés rechaza el plan por su impacto ambiental y su coste

El Ejecutivo aragonés prepara hoy sus alegaciones para oponerse al Plan Hidrológico Nacional. Ante todo, existe un profundo malestar por la falta de información sobre cualquier extremo del proyecto, pero también aducen su coste, su impacto ambiental y la falta de control del agua desviada. En Murcia, principal beneficiaria del agua del Ebro, el Gobierno coordina las posturas ante lo que califica de "oportunidad histórica".

32 embalses

Mientras continúa la oposición generalizada en Aragón al proyecto de enviar 1.000 hectómetros cúbicos de agua desde el Ebro a Valencia, Murcia y Cataluña, un estudio encargado por el Gobierno de Aragón, formado por socialistas y regionalistas, calcula que el trasvase es inviable por su carestía, ya que supondría que los regantes de las cuencas deficitarias tendrían que pagar 75 pesetas por cada metro cúbico de agua. También preocupa en Aragón su impacto ecológico y medioambiental, y la falta de control que existe sobre el agua, como demuestra la proliferación de regadíos ilegales surgidos en los últimos años en Murcia. Se teme, además, que el líquido trasvasado se desvíe para fomentar y abastecer la industria turística.

El presidente aragonés, el socialistas Marcelino Iglesias, ya ha advertido a su partido de que para él priman los intereses de Aragón sobre los de su formación política y de que encabezará una oposición al trasvase que entiende justa porque "hipoteca el desarrollo regional" al llevarse su "único recurso", el agua, "para favorecer a otras comunidades ya desarrolladas".

En el ánimo de los partidos aragoneses pesan los incumplimientos de los últimos Gobiernos sobre el Pacto del Agua, un documento firmado el 30 de junio de 1992 por PSOE, PP, PAR e IU, en el que se se cuantificaban las necesidades hidráulicas de la comunidad: 32 embalses, con un coste de 20.000 millones de pesetas que garantizarían un volumen de agua almacenada de 6.550 hectómetros cúbicos. Pero ninguna obra está terminada.Formaciones como Chunta Aragonesista, que están en contra de los grandes embalses, han advertido de que las únicas obras que han comenzado son las de los pantanos de Yesa y Biscarrués, que servirán para almacenar agua para el trasvase. "Es un modelo obsoleto que nadie defiende porque no prima el desarrollo sostenible", insiste Bizén Fuster, presidente de la formación.

Los responsables de la comunidad insisten en que en los últimos quince años se ha duplicado la capacidad de agua embalsada en España sin que en Aragón haya aumentado ni un metro cúbico. La ejecutiva del PAR, socio de gobierno del PSOE en la comunidad, reiteró ayer su rotunda oposición a cualquier trasvase.

Los integrantes de la Plataforma de Defensa del Ebro, en la que están representadas todas las fuerzas sociales de Aragón, reiteraron la petición de una entrevista con el delegado del Gobierno en la Comunidad para solicitar una manifestación contra el proyecto que se celebrará el 12 de noviembre.

Jesús Membrado, secretario regional de UGT, calificaba el proyecto de "auténtica barbaridad" y advertía de que "se está provocando una situación muy peligrosa de enfrentamiento entre regiones. Tenemos que evitarlo, pero hay que hacerlo dejando claro que Aragón no es insolidaria, sino que defiende el único recurso que garantiza su futuro".

Mañana los respresentantes de las organizaciones agrarias, sindicatos y los dirigentes empresariales están citados a una reunión con el presidente Iglesias para fijar estrategias de futuro.

Esta oposición de las instituciones aragonesas al plan es "comprendida" por el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, del PP, quien, sin embargo, insistió en la necesidad de "solidaridad" entre regiones. El Gobierno murciano, que recibirá gran parte del agua según el Plan, va a convocar a la oposición, agentes sociales y organizaciones agrarias para coordinar las posturas ante un debate en el que, según Valcárcel, se juegan mucho.