El juez argentino que investiga la corrupción en el Senado confirma que hubo sobornos

El juez argentino que investiga posibles actos de corrupción en el Senado confirmó ayer que hubo pagos irregulares para que se aprobara la reforma laboral y pidió que se levante la inmunidad parlamentaria a ocho legisladores. El magistrado Carlos Liporaci investiga los supuestos pagos realizados el pasado abril para que el Senado argentino, donde el Gobierno está en minoría, pudiera aprobar la ley de reforma laboral, rechazada por oposición y sindicatos. Al menos tres legisladores renunciaron ayer a sus escaños en relación con este escándalo.

"El soborno ha existido, está probado en la etapa de instrucción", afirmó el magistrado Carlos Liporaci en unas declaraciones públicas. Las sospechas de corrupción salpican a miembros de las dos fuerzas políticas más importantes de Argentina y el escándalo ha derivado en una de las mayores crisis institucionales desde el retorno de la democracia a este país en 1983. Entre los legisladores a los que Liporaci ha pedido que se les retire la inmunidad parlamentaria se encuentra el ex cantautor y ahora dirigente peronista Ramón Palito Ortega, quien estaba convocado ayer para prestar testimonio, diligencia que quedó suspendida. Además de Ortega, figuran en la lista del juez seis senadores del Partido Justicialista (PJ, peronista), el principal de la oposición, y otro de la Unión Cívica Radical (UCR), el mismo partido del presidente del país, Fernando de la Rúa. Los senadores peronistas son Ramón Ortega, Eduardo Bauzá, Angel Pardo, Alberto Tell, Emilio Cantarero, Remo Costanzo y Ricardo Branda, mientras que el radical es Javier Meneghini. Bauza y Pardo anunciaron ayer que renunciarán voluntariamente a la inmunidad.

Otros tres senadores renunciaron a sus escaños. Se trata de Eduardo Menem, Jorge Yoma (ambos del PJ) y Raúl Galván (de la Alianza gobernante). Menem es hermano del ex presidente Carlos Menem y Jorge Yoma es hermano de la ex mujer de Carlos Menem, Zulema Yoma.

Según el juez, los indicios que obran en su poder involucran a ocho senadores a los que, según declaró a Radio Continental, tiene que "hacer preguntas de cargo y esas personas tienen el derecho de defensa". La solicitud de levantamiento de la inmunidad deberá ser analizada ahora por todos los miembros de la Cámara alta y aprobada por dos tercios.

El vicepresidente, Carlos Álvarez, aseguró ayer que analiza la posibilidad de dejar de presidir las sesiones del Senado hasta que se aclare si se pagaron sobornos a miembros de la Cámara alta.

"No tengo la obligación de presidir las sesiones del Senado. Por ahora no voy a ir hasta que se clarifique este tema, lo estoy pensando", dijo Álvarez a Radio Splendid. Sin embargo, en una entrevista posterior con otra emisora local, el vicepresidente, cargo que en Argentina conlleva también la presidencia del Senado, dijo que está "meditando" esa posibilidad, y aseguró que tomará una decisión después de hablar con el presidente De la Rúa, quien hoy regresará de Brasil tras participar en la cumbre de presidentes de Suramérica.

Álvarez admitió que su relación con los integrantes del Senado es "mala", y lamentó que los legisladores de esa Cámara "armen discursos con justificaciones y culpas" en lugar de "ponerse a disposición de la justicia", que investiga si funcionarios del Gobierno sobornaron a algunos senadores para aprobar una reforma laboral en abril pasado.

Álvarez, líder del Frente de un País Solidario (FREPASO), la fuerza minoritaria y más a la izquierda dentro de la Alianza gobernante, repitió en varias ocasiones que la coalición nació en 1997 como una alternativa para acabar con la corrupción que se le achacaba al Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), y que ahora debía cumplir su compromiso con el electorado. El vicepresidente opinó que "la crisis del Senado disparó la crisis sobre la forma de hacer política en Argentina". "Si sabemos aprovechar esta crisis, puede empezar a nacer una nueva política", sostuvo.

El juez Liporaci también ha pedido al Gobierno que aclare los pagos de carácter reservado hechos durante el primer semestre de este año para determinar si los presuntos sobornos surgieron de fondos públicos. El magistrado indicó que ésa es la razón por la cual fue citado a declarar el secretario de Hacienda, Mario Vicens, quien "deberá explicar todas las asignaciones y distribución de partidas presupuestarias a distintos organismos del Estado".

Según las denuncias de las que se han hecho eco los medios de comunicación, los pagos que aparentemente pudieron hacerse para que se aprobara la ley que aumentó el nivel de flexibilización en el mercado de trabajo ascienden a unos 10 millones de dólares (1.870 millones de pesetas). Distintas versiones sostienen que esa cantidad no fue distribuida por igual, sino de acuerdo a la importancia de los senadores supuestamente involucrados.

El presidente De la Rúa, por su parte, ha prometido que si la justicia confirma que hubo corrupción, los altos funcionarios involucrados serán destituidos.