Dos testigos argentinos citados en Madrid por Garzón identifican a Cavallo como torturador

Dos testigos de la represión durante la dictadura argentina (1976-1983), Susana Burgos y Juan Gasparini, ratificaron ayer ante el juez Baltasar Garzón que Ricardo Miguel Cavallo es, "sin lugar a dudas", uno de los oficiales que los secuestró y torturó en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). Con estos testimonios y los que se irán incorporando en los próximos días, Garzón ampliará el auto de procesamiento dictado el 2 de noviembre de 1999 en el que procesó a 98 militares argentinos para incluir a Cavallo y pedir su extradición desde México por secuestro, tortura y genocidio.

Torturador y empresario

"Es sin duda el Ricardo detenido en México". El periodista argentino Juan Gasparini reconoció a Cavallo, uno de los hombres que le mantuvieron secuestrado durante 20 meses entre 1977 y 1978, que le torturaron física, -"con picana" hasta provocarle varios paros cardíacos- y mentalmente, diciéndole que la única forma de salvar a su mujer era entregándola. "Me negué", aseguró, contundente, tras declarar ante el juez Garzón. Un operativo en el que participaba Cavallo -alias Miguel Ángel, Sérpico y Marcelo- asesinó a Mónica Jauregui, la compañera de Gasparini, y a Elba Aldaya, una amiga de ambos. Los hijos de la pareja fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas y sólo fueron devueltos a su abuela materna dos meses después. Un amigo abogado de Gasparini, Conrado Gómez, también fue secuestrado y sigue desaparecido. A su despacho se dirigía Gasparini antes de que lo retuvieran y trasladaran a la ESMA.

Tanto el periodista como Susana Burgos, quien fue secuestrada en la misma época, exactamente durante "dos años, menos un día" y declaró ante Garzón en 1997, identificaron mediante fotografías la mirada fría de Ricardo Miguel Cavallo. Una tercera testigo citada en la Audiencia Nacional no pudo personarse en Madrid, por no conseguir un billete de avión desde Buenos Aires.

Tanto Gasparini como Burgos coincidieron en que "es el mismo, sólo que se le ve más viejo". Para el periodista, la imagen de Cavallo es la de un hombre "vencido, rehuyendo con la mirada". De pronto, con una esperanzadora sonrisa, exclamó: "¡Yo estoy mejor que él!".

De esta forma, la identidad reconocida ayer como oficial por la Interpol de México -que procedió a su detención el 24 de agosto- coincide con la que consta desde ayer en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por los crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990). "Está debidamente comprobado mediante un examen dactilar" que Miguel Ángel Cavallo, como le conocían sus víctimas, y Ricardo Miguel Cavallo son la misma persona", según declaró el director de la Policía Internacional de México.

Por otro lado, las acusaciones personadas en la causa solicitaron ayer al juez Garzón que procese a Ricardo Miguel Cavallo por ser identificado como el responsable de la Pecera, lugar en que los detenidos eran obligados a realizar trabajos forzados.

El 2 de noviembre de 1998, el juez de la Audiencia Nacional dictó un auto de procesamiento contra 98 militares argentinos en el que no se incluía Cavallo, pese a ser mencionado en varias ocasiones, por el problema de su identidad. Hasta los compañeros del secuestrador de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), el campo de concentración donde desaparecieron al menos 5.000 personas, le conocían como Miguel Ángel.

Garzón ha logrado obtener una documentación oficial en la que figura como Ricardo Miguel y cuya fotografía y número de cédula coinciden con la documentación falsa a nombre de Miguel Ángel. Juan Gasparini ya declaró ante Garzón en junio de 1996 y en febrero de 1997, y ayer ratificó sus testimonios. "No son hechos nuevos", explicó, "pero lo importante es que le hemos identificado palmariamente, yo y testigos que no nos conocíamos de nada".

Asimismo, reconoció que Cavallo está entre los diez oficiales más destacados de la ESMA y que hay numerosos testimonios de supervivientes que están llegando al juzgado desde consulados españoles en Latinoamérica, tras la detención de Sérpico, que le reconocen como su torturador. "Cerrada la vía del punto final, sin la existencia de un Tribunal Penal Internacional [TPI], surge la de los jueces nacionales, europeos, que a partir de Convenciones, principalmente con la de 1958 contra el genocidio, luchan porque los crímenes no queden impunes". Gasparini explicó que lo que les queda a las víctimas entre la impunidad y el TPI para "futuros genocidas" es la actividad de Garzón, en quien deposita la confianza "que no me inspira la República Argentina y su principio de territorialidad", aseguró.

Además, Gasparini se refirió ante Garzón a algunos socios en la actividad empresarial que desarrollaba Cavallo en México, Argentina y El Salvador antes de su detención: Jorge Acosta, considerado jefe de la ESMA; Jorge Radice, oficial encargado de revender los bienes confiscados a los secuestrados, un botín calculado en 70 millones de dólares, y Francisco García Velasco, entonces teniente de navío. Este último es el presunto asesino del escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh y, según Gasparini, vive en España. El ministro de Exteriores español, Josep Piqué, aseguró ayer que el Gobierno mantendrá un respeto "escrupuloso" hacia las actuaciones judiciales. [El Congreso mexicano exigió ayer a su Gobierno que cancele la concesión otorgada a la empresa de registro de vehículos dirigida por el argentino Ricardo Miguel Cavallo, informa Europa Press. El Ministerio de Comercio ha defendido la existencia del registro, pero ha señalado que cabe la posibilidad de que se gestione de otra forma.]