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Editorial:

Escuela Mecánica

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la orden de detención internacional cursada por el juez Guillermo Ruiz Polanco -sustituto de Garzón- contra el presunto torturador Miguel Ángel Cavallo, a efectos de su extradición a España. Al actuar así, la fiscalía es consecuente con la actitud que empecinadamente mantuvo en el caso de Pinochet.Cavallo figura entre los 98 ciudadanos argentinos, ex militares en su mayoría, procesados por Garzón en 1999 por los presuntos delitos de genocidio, torturas y terrorismo durante la dictadura militar argentina (1976-1983). Cavallo figura como jefe de uno de los grupos que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada, bajo cuyo neutra denominación se ocultaba el principal centro de detención clandestina y en cuyas instalaciones fueron torturados y asesinados cientos de disidentes políticos.

Los cargos considerados por Garzón forman parte de la lista tasada de Delitos contra la Humanidad que la Ley Orgánica del Poder Judicial (aprobada en 1995) considera perseguibles por los tribunales españoles. En su recurso, la Fiscalía de la Audiencia da por reproducidos los alegatos ya planteados en recursos anteriores, particularmente en el presentado en noviembre pasado contra el procesamiento de los 98, y añade nuevas consideraciones. Dice hacerlo "para mantener nuestra congruencia"con anteriores alegatos contra la competencia española en la causa.

Los argumentos esenciales del recurso de noviembre que ahora se reiteran son la no retroactividad de la ley orgánica citada, aprobada años después de los hechos considerados, así como la inadecuación del delito de genocidio para el caso de persecución de disidentes políticos no motivada por razones étnicas. Son argumentos ya invocados en el caso de Pinochet y que rechazó la Sala de lo Penal de la Audiencia.

La fiscalía añade ahora otros dos: la singularidad de que no haya sido España quien toma la iniciativa de pedir la detención de Cavallo con vistas a su extradición, sino las autoridades mexicanas, quienes instan a la Audiencia Nacional a hacerlo, y que los delitos podrían considerarse amnistiados por la ley de punto final.

Sobre lo primero, cabe decir que es una cuestión técnica indicativa de las inevitables lagunas de un derecho internacional que en materia de derechos humanos se está construyendo a sí mismo. ¿Qué otra decisión coherente con el espíritu de ese nuevo derecho con jurisdicción universal podían haber tomado los mexicanos? Sobre lo segundo, es cierto que no puede identificarse sin más la autoamnistía que se adjudicó Pinochet desde el poder con las leyes aprobadas en Argentina durante el Gobierno democrático de Alfonsín. Pero sería falsear la realidad no reconocer que fueron leyes aprobadas bajo la presión de un golpismo que siguió condicionando la política argentina durante años.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de agosto de 2000