La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a la extradición a España del argentino Cavallo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene la línea del caso Pinochet. Ayer recurrió la orden de detención internacional a efectos de extradición contra el ex militar argentino Miguel Ángel Cavallo (detenido en México) y que el viernes dictó el juez español Guillermo Ruiz Polanco, en sustitución del titular, Baltasar Garzón. El recurso del fiscal, que deberá resolver Garzón, es consecuente con las tesis de la Fiscalía de que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras de Chile y Argentina.

Medida preventiva

Esta línea defendida por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ignora la sentencia de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional que estableció, el 30 de octubre de 1998 por 11 votos a favor y ninguno en contra, que los tribunales españoles son competentes para investigar y juzgar los crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos por los regímenes militares en Chile y Argentina.El fiscal basa su recurso en que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1995 (donde se establece por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la persecución de los crímenes contra la humanidad) es posterior a la comisión de los delitos que se imputan a los militares responsables de la dictadura argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990), por lo que la Audiencia Nacional no sería competente para juzgarles.

Además, la Fiscalía, que también informó en contra de que se dictara el viernes la orden de prisión contra Cavallo, sostiene que los crímenes cometidos durantes ambas dictaduras no pueden ser tipificados como genocidio, sino como asesinatos y homicidios, puesto que no se dirigieron contra un grupo étnico o religioso, sino contra distintas personas que tenían en común su oposición al régimen dictatorial.

En este punto, los abogados que dirigen la acusación popular, Carlos Slepoy y Joan Garcés, recuerdan que en numerosos textos de resoluciones de Naciones Unidas se incluye la persecución política, con fines de exterminación de un grupo opositor, como genocidio.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene además que este tribunal no puede enjuiciar hechos supuestamente delictivos cometidos en el extranjero por ciudadanos de otro país, postura que ha defendido tanto en el caso de Argentina, como en el de Chile tras la detención del general Augusto Pinochet en Londres o tras la presentación de una querella por delitos similares ocurridos en Guatemala.

Mientras tanto, el juez Baltasar Garzón, reincorporado el lunes en su puesto tras las vacaciones de verano, reúne la documentación necesaria para preparar un auto de procesamiento de Cavallo, trámite necesario para solicitar su extradición a México, una vez que le ha sido notificado que ha comenzado a correr el plazo de 60 días para presentar la demanda.

Miguel Ángel Cavallo, detenido en México la semana pasada bajo el nombre de Ricardo Miguel Cavallo, fue teniente de la Armada argentina, y entre 1977 y 1979 integró, supuestamente, uno de los grupos operativos del centro clandestino de detención de la Escuela Mecánica de la Armada, encargado de llevar a cabo los secuestros de las víctimas de la represión militar. Además, en el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional figuran los testimonios de varias de estas víctimas, que le reconocieron como su torturador.

Por otra parte, el Gobierno mexicano intervino ayer la empresa privada Registro Nacional de Vehículos (Renave), que fue dirigida por Cavallo, con el fin de garantizar el funcionamiento de la empresa y el secreto de los datos particulares manejados por la compañía.

El ministro de Comercio de México, Herminio Blanco, explicó que la intervención es una medida preventiva y temporal que pretende proteger los intereses de los mexicanos que registraron sus vehículos en Renave. La decisión del Gobierno mexicano se produce cinco días después de la detención de Cavallo, acusado por el juez español Baltasar Garzón de los delitos de genocidio, tortura y violación de los derechos humanos durante el régimen militar de Argentina.Blanco descartó cualquier responsabilidad del Ejecutivo en la contratación de Cavallo, quien presentó dos acreditaciones de los Gobiernos de Argentina y El Salvador para demostrar su experiencia técnica para acometer las tareas encargadas a la empresa. "Los accionistas de Renave cuentan con cartas de buena conducta en referencia al señor Cavallo, expedidas por los Gobiernos de Argentina y de El Salvador", indicó.

El ministro aseguró que "se carecía de antecedentes que pudieran llevar a presumir una identidad delictiva de Ricardo Cavallo", y afirmó que ni la Fiscalía mexicana ni las policías de 60 países tenían antecedentes para su detención.

Dijo que sólo a raíz de un reportaje publicado en México por el diario Reforma, que mencionó los antecedentes del argentino, se decidió investigar, acción que condujo a la solicitud de detención con fines de extradición formulada por el juez español. El ministro mexicano insistió en que la intervención gubernamental es de carácter técnico y que durará unas cuantas semanas mientras se analiza la situación.