Móviles de platino y de hojalata

Una de las primeras decisiones que habrá de tomar el Gobierno al iniciar la temporada será explicar públicamente, a todos los ciudadanos, por qué ha hecho el mayor regalo de dinero público de la historia de España a cuatro consorcios empresariales privados, y cómo piensa corregir uno de los grandes escándalos económicos de los últimos tiempos. En efecto, la adjudicación casi gratuita de cuatro licencias de telefonía móvil de tercera generación en España, cuando en el resto de los países europeos se están consiguiendo enormes cantidades con las que paliar las deficiencias en el funcionamiento de los Estados, puede constituir la principal perversión del sistema en la democracia.Pelotazos como los de Explosivos Río Tinto o Antibióticos; irregularidades como las de Rumasa o Banesto; privatizaciones de las joyas de la Corona como las de Telefónica, Repsol, Endesa, Argentaria, etcétera, pueden ser minucias comparadas cuantitativamente con el aguinaldo gubernamental de las licencias telefónicas denominadas UMTS a Telefónica Móviles, Airtel, Amena y Xfera (grupo formado fundamentalmente por Sonera, FCC-Vivendi y la constructora ACS).

Recordemos lo ocurrido: en el mes de marzo, en medio del fragor de las elecciones generales (el 13 de marzo, un día después de los comicios, aparecía en el Boletín Oficial del Estado la firma de la adjudicación) -es decir, con nocturnidad y alevosía-, un ministro en funciones, el de Fomento, Rafael Arias-Salgado, resolvía el concurso de cuatro licencias de telefonía móvil por valor de 83.000 millones de pesetas. Inmediatamente, UNI2 (France Télécom), el grupo empresarial que se quedaba fuera, recurría judicialmente el concurso. España era, junto a Finlandia, el primer país europeo que adjudicaba estas licencias. Un desgraciado pionero, a la 1uz de la experiencia.

Las UMTS (siglas de Universal Mobile Telecommunication System) multiplican la velocidad de la telefonía y su capacidad para aportar información. Adjudicadas las licencias del espectro durante el año 2000, entrarán en vigor en 2001. A través de los móviles de tecnología UMTS, el usuario, con la pantalla de su móvil, obtendrá textos e imágenes, podrá comprar on line, reservar viajes o entradas de conciertos y partidos de fútbol, o conocer el tiempo que hace o las cotizaciones bursátiles en tiempo real. Y todo ello a una velocidad muy superior a los actuales móviles de segunda generación,

En los países de la Unión Europea, más Suiza y Noruega, se van a adjudicar 75 licencias de telefonía móvil. Y ello se va a hacer por concurso (distintos criterios a evaluar) o por subasta (el mejor postor). Un informe del banco de negocios Schroder Salomon Smith Barney señalaba que el valor de mercado que podrían alcanzar esas licencias llegaría a los 36 billones de pesetas. Otros estudios más conservadores hablaban de 25 billones de pesetas. Es igual, cualquiera de las dos cantidades es inmensamente superior a lo que España ha obtenido. Después de España, y por el mecanismo de subasta, Gran Bretaña obtenía 6,4 billones de pesetas por sus cinco licencias, y Alemania, 8,4 billones por las suyas. Las diferencias son escandalosas. En millones de euros, Alemania ha conseguido 50.000 millones; el Reino Unido, 38.000 millones; Francia, 20.000 millones; Holanda, 2.700 millones..., y España, ¡tan sólo 517 millones! Nuestro país es, con mucho, el país europeo que menos ingresa por habitante con el nuevo teléfono móvil. Si el precio de las licencias está siendo tan alto es porque los beneficios que esperan estas empresas también lo son; una licencia vale lo que una operadora está dispuesta a dar por ella.

Distintos analistas privados consideran que España hubiera podido obtener, si hubiera aplicado el mecanismo de subasta, entre tres y cuatro billones de pesetas, hasta un 4% del PIB. Estas cantidades billonarias que se están ingresando en Europa por la venta de un bien público como es el espectro de las licencias telefónicas, han abierto un debate muy significativo en el seno de cada país: en qué utilizarlas. Aquí entran las distintas posiciones ideológicas en liza: ¿reducir los impuestos?; ¿aumentar las inversiones públicas y mejorar la red de infraestructuras?; ¿disminuir la deuda pública, lo que significa reducir los gastos financieros y el déficit?; ¿dotar el fondo de reserva de la Seguridad Social, mejorar la sanidad, aumentar el seguro del desempleo?, etcétera. ¿Ha acabado la crisis fiscal del Estado? La mayor parte de las declaraciones de los dirigentes políticos se inclinan por disminuir la deuda, es decir, mejorar las condiciones de las generaciones futuras. Si así se hace, se cumplirá una curiosa paradoja: los operadores, en general compañías telefónicas de antiguos monopolios públicos recientemente privatizados, habrán de obtener en los mercados los recursos multimillonarios para pagar las licencias; es decir, se producirá un canje de títulos de deuda pública por títulos privados; a partir de ahora, los deudores de esas cantidades ya no serán los Estados soberanos, sino las compañías de telecomunicación que invierten. Un fenómeno privatizador inducido.

¿Y en España? No hay debate sobre el destino del dinero porque no hay dinero. Porque el Gobierno casi ha regalado las licencias. Ni infraestructuras, ni impuestos, ni Estado del bienestar, ni nada. Ése es el escándalo. Algo muy difícil de justificar si se entiende que estamos hablando de intereses generales y no de los intereses particulares de los cuatro consorcios agraciados por el regalo. El vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, presidente de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos en este Gabinete y en el anterior (el que otorgó la donación), declaraba estas vacaciones, en el diario asturiano El Comercio, que el concurso hecho en España iba más encaminado a que pudiera haber precios más baratos para el consumidor, mientras que otros países han tomado decisiones orientadas a recabar grandes cantidades de dinero, vía subasta: un impuesto ex-

traordinario. Los más de 80.000 millones de pesetas pa-gados en España son, aproximadamente, el 1% de lo recaudado por Alemania. ¿Significa ello que los usuarios españoles de teléfonos UMTS pagarán tarifas reducidas en esa proporción respecto a las alemanas? ¿Quién lo cree? Pero, además, hay otro efecto a largo plazo. Se aplique el dinero de las licencias donde se aplique, mejorará la situación relativa de los países de nuestro entorno, que han recaudado mucho más dinero, respecto a la nuestra. Y España perderá competitividad.

La polémica en España no es sobre el dinero llegado como el maná, que ha hecho que los Gobiernos europeos se froten las manos. El debate es cómo sacar la pata. Las alternativas no son buenas. Anular el concurso y celebrar a continuación una subasta significaría indemnizar a los cuatro consorcios adjudicatarios por los costes y las expectativas de negocio; la cantidad sería menor que la que el Estado ingresaría a continuación, pero el problema sería la inseguridad jurídica de los inversores a partir de ahora. Aumentar la tasa anual que los operadores han de abonar por su licencia (el 1,5 por mil de los ingresos de explotación) sería otra solución, pero habría que incrementarla de tal manera (¿por 10?, ¿por 15?) que la distorsionaría y podría ser calificada de canon confiscatorio. ¿Dotar alguna licencia más? Pero si se subasta, la cantidad que habría de pagar quien se quedase con ella la pondría en unas condiciones de desigualdad frente a las cuatro licencias anteriores.

Mientras en Europa los Gobiernos se han encontrado con unos teléfonos móviles de platino, el nuestro los ha puesto de hojalata. Sea como sea, el Ejecutivo debe una explicación y una solución. Transparencia y decisión política. Un territorio en el que el Ejecutivo está casi inédito.