Más de 40 industriales asesinados desde 1976

Más de 40 empresarios han sido asesinados por ETA desde 1976, cuando la banda secuestró y mató al director gerente de Sigma, Ángel Berazadi. El asesinato, ayer, de José María Korta es el primero de un industrial tras la ruptura del alto el fuego por parte de la banda terrorista. Sin embargo, la organización colocó el pasado 25 de junio un coche bomba en el barrio residencial de Las Arenas, de Getxo (Vizcaya), una conocida zona en la que viven empresarios y financieros, como la familia de Cosme Delclaux, el abogado vasco hijo de un industrial secuestrado en 1996.El artefacto, que causó heridas leves a una persona además de enormes daños materiales, fue anunciado a través de llamadas telefónicas al diario Gara y al servicio de asistencia en carretera DYA por una persona que dijo hablar en nombre de la banda terrorista y que aseguró que la acción iba "contra la oligarquía".

De los más de 40 empresarios asesinados por ETA, cuatro habían sido secuestrados previamente. Es el caso de Ángel Berazadi, que apareció muerto el 7 de abril de 1976 en la carretera de Elgoibar a Azkoitia (Guipuzcoa).

Un año más tarde, en mayo de 1977, ETA secuestró a Javier Ibarra y Bergé, consejero del Banco de Vizcaya y de Babcock Wilcox, que apareció muerto un mes después en el bosque de Monte Gorbea.

Otro secuestro que finalizó en muerte fue el de Alfredo Ramos Vázquez, propietario del bar Stadium de Baracaldo cuyo cadáver fue encontrado en San Salvador (Guipúzcoa) el 23 de enero de 1980, horas después de ser secuestrado.

El último de los empresarios secuestrados y asesinados por ETA fue Francisco Arín Urquiola, alto cargo de Construcciones Electromecánicas de Iruara, cuyo cadáver apareció en el maletero de su vehículo el 15 de diciembre de 1983.

Hasta la muerte, ayer, de José María Korta, el último empresario víctima de ETA era Francisco Arratibel, que recibió un tiro en la cabeza en Tolosa (Guipúzcoa) el 11 de febrero de 1997, cuando se reincorporaba a la comparsa de carnaval que dirigía.

Desde el inicio de su actividad terrorista, ETA, además de atentar contra la vida de decenas de empresarios, ha extorsionado a otros muchos a través del denominado impuesto revolucionario. La negativa a pagarlo ha conducido a su asesinato, como ocurrió con José Luis Legasa Ubiria, que murió el 2 de noviembre de 1978 en Irún (Guipúzcoa).

El empresario Isidro Usabiaga Esnaola, fallecido el 27 de julio de 1996 tras recibir cinco disparos, había sido chantajeado tres años antes y había pagado 10 millones de pesetas recuperados luego por la Ertzaintza.