El 70% de los colombianos rechaza la gestión de Pastrana dos años después de su investidura

Andrés Pastrana cumple hoy dos años de Gobierno convertido en el presidente más impopular en la historia reciente de Colombia. Un 70% de sus compatriotas no aprueba su gestión. Las promesas de un Gobierno pródigo en frases optimistas contrastan con la realidad de un país agobiado por más secuestros, más miseria, más matanzas indiscriminadas y asesinatos selectivos por parte de los paramilitares, quienes en apenas siete años han crecido lo que a la guerrilla le costó casi tres décadas. Para colmo, el país sufre la más severa crisis económica desde l929.

La mayor apuesta

Colombia tiene más desplazados que Kosovo y sufre una creciente fuga de cerebros y capitales. Cientos de miles de colombianos han salido del país sin billete de regreso y han huido unos 2.200 millones de dólares (casi 400.000 millones de pesetas). La nota más baja del presidente es en la asignatura de economía. "Es un balance mediocre", dicen los analistas, quienes reconocen que "recibió una economía destrozada" de su antecesor, Ernesto Samper, pero también señalan que Pastrana no ha logrado siquiera reactivarla. El desempleo ha superado el 20%, lo nunca visto, y el empobrecimiento lo sienten nueve de cada diez hogares. El gran logro que puede mostrar tiene que ver con el manejo de la política internacional desgastada por el narco-escándalo del anterior Gobierno (la campaña de Samper recibió dinero procedente del cartel de Cali). Pastrana reinsertó al país en el escenario internacional, logró implicar a numerosos países en el respaldo al proceso de paz y recompuso las relaciones con Estados Unidos, opina el analista Alvaro Tirado Mejía . El Gobierno también muestra como un triunfo el llamado Plan Colombia, un proyecto de inversión social con un fuerte ingrediente militar de ayuda norteamericana para la lucha contra el narcotráfico, que aplicará, en gran medida, el sucesor de Pastrana. El plan es muy contestado por sectores sociales que ven en él la extensión definitiva del conflicto, porque supondría un acoso directo a la guerrilla que implicaría una reacción similar de ésta. La visita del presidente Bill Clinton el 30 de agosto, duramente criticada por la guerrilla, es una prueba más del apoyo que tiene el Gobierno Pastrana en EE UU.

La paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más numerosa y antigua del país (unos 20.000 hombres, 40 años de historia), es indiscutiblemente la mayor apuesta presidencial, pero avanza a trompicones bajo el esquema desgastado de "negociar en medio de la guerra", es decir, sin que cesen los combates. Sin embargo, el proceso de paz aún se ubica en la lista de logros del jefe de Estado: abrió las puertas del diálogo y se mantiene a pesar de los altos costos, las presiones, las campañas de desprestigio... Las FARC alimentan la desconfianza ante la negociación con su política de secuestros, ataques a pequeñas poblaciones y abusos en la zona desmilitarizada donde se reúnen los negociadores. El gran reto ahora es lograr un cese de hostilidades que permita seguir adelante con el proceso. En materia de derechos humanos, Jorge Rojas, director de Codhes, reconocida ONG que trabaja por los desplazados, hace un balance desalentador: "No hay capacidad del Gobierno colombiano para prevenir las causas de las violaciones". Aunque reconoce hechos positivos, como la desvinculación de oficiales del Ejército acusados por violación de derechos humanos o por tener nexos con paramilitares, no ve todavía una política que permita cambios sustanciales, y cree que la "débil y negativa" política del Gobierno en el manejo del problema de los desplazados (más de un millón de personas) es la demostración de la incapacidad del Ejecutivo para "garantizar el uso legítimo de la fuerza; controlar a los agentes armados irregulares, como los paramilitares, y garantizar el procesamiento de los responsables de masacres y desplazamientos".

Una de las próximas tareas del Gobierno, además de sacar adelante las impopulares medidas de ajuste fiscal que, según el ministro de Hacienda, le costarán al país "sudor y lágrimas", será garantizar las elecciones regionales de octubre. Hace dos años, paramilitares y guerrilleros controlaron a su antojo los comicios en un 40% de los municipios; nada indica que en esta ocasión dejen de hacer lo mismo. Esta situación muestra a un Estado cada vez más débil e impotente; que cada vez más colombianos tengan que negociar con la guerrilla la libertad de un familiar secuestrado, u obtener de Carlos Castaño, máximo jefe paramilitar, el "perdón" para seguir con vida, apuntalan esa evidencia.

Roberto Camacho, congresista conservador, declaró a EL PAÍS que el error del primer mandatario no es, como muchos dicen, su "ausencia mental, cuando no física, del país" o la "incapacidad" o su "arrogancia". Su error, dice, es "haberse metido a presidente" de un país "muy complicado de manejar". Según el congresista, el mayor problema es que no existen políticas y propósitos nacionales, ni metas, ni valores comunes.

Recientemente hubo otra guerra en Colombia, generada por el anuncio presidencial de un referéndum que incluía la disolución del Congreso para sanear la política. A su vez, el Congreso amenazó con revocar al presidente. El episodio le costó al Gobierno la pérdida de la mayoría en el Parlamento y el país tuvo la certeza de que la corrupción y la mediocridad de su clase dirigente encabeza la lista de los grandes males de este país. Así, a mitad de camino, otra cuenta pendiente de Pastrana es la lucha contra la corrupción y la reforma política.