El Gobierno prepara una ley para crear una base nacional de datos genéticos

El Ministerio de Justicia enviará próximamente al Parlamento un proyecto de ley para crear una base nacional de datos de ADN (la Agencia Nacional de Perfiles de ADN) fruto del estudio realizado por una comisión de expertos que ha trabajado en el tema desde 1996. Se trata de llenar un vacío legal y de introducir una reforma legislativa de gran calado que afectará a derechos constitucionales como la intimidad, la dignidad de la persona, la integridad física o el derecho a no declarar contra sí mismo, lo que llevará consigo introducir cambios en el cuerpo legislativo.

Control y seguridad

Las fuentes consultadas sobre el posible contenido de la base han aportado sus conocimientos al anteproyecto -junto a la Agencia de Protección de Datos, Ministerio del Interior y Fiscalía-, pero se muestran cautas por considerar que el asunto afecta a aspectos éticos. Si un día funciona ¿tendremos que llevar todos gorro de cocinero para no soltar ni un pelo que pueda delatarnos en dónde y con quién hemos estado?, se pregunta Ángel Carracedo, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago, pionera en el tema.El texto del anteproyecto reconoce que la investigación genética se emplea hoy tanto en la práctica de la investigación criminal como en los procesos civiles de investigación de la paternidad, pero apunta también que el coste económico, la falta de experiencia y, ante todo, "los recelos que despertaría en la opinión pública" el que los datos genéticos figuren en la base "han aconsejado comenzar la regulación de la materia por el campo de la investigación criminal". Es, por tanto, sólo el principio.

Antonio Alonso, del Instituto Nacional de Toxicología, considera acuciante que España disponga de la base a nivel nacional "esta misma legislatura". Para él, lo básico es si el control de los datos genéticos será judicial o policial, y aboga por un sistema central parecido al del FBI en EE UU. El anteproyecto especifica que el Banco Nacional de Datos tendrá carácter de organismo autónomo y dependerá de Justicia.

¿Por qué es tan importante una base de este tipo? Para investigar el crimen y luchar contra la delincuencia, pero también para establecer la inocencia. El pasado enero, Arlindo Luis Carballo Cordero, conocido como El violador de Pirámides, fue condenado a 514 años por violar a 26 mujeres. Fue difícil cazarlo, porque actuó durante años, pero finalmente las pruebas genéticas, su ADN, fueron decisivas a la hora de condenarle. En EE UU, se han dado casos de condenados a muerte declarados inocentes horas antes de sentarse en la silla eléctrica por la prueba de ADN presentada ante el tribunal de Apelaciones en el último momento. La base de datos permite resolver el 90% de los casos de agresión sexual, y hasta el 80% de los delitos de violencia contra las personas en los países que disponen ya de ella.

"La prueba del ADN", dice Alonso, "tiene mucho valor en esos delitos, pero también para identificar a víctimas de crímenes contra la humanidad, como ocurre en el Tribunal Internacional de La Haya en relación a los crímenes en la antigua Yugoslavia".

Los expertos coinciden en que se trata de una herramienta muy poderosa y por eso debe haber garantías. Al menos algunos de los aspectos éticos han sido resueltos en el Reino Unido y EE UU por la vía rápida, al entender que lo prioritario es la lucha contra el crimen, ante cuyo principio los derechos individuales pasan a un segundo plano. En España no existen todavía controles sobre informaciones que pueden acreditar taras genéticas para quien las sufre y para sus familias, y quizá por ello el texto redactado especifica que la agencia nacional sancionará a los laboratorios acreditados que, sobre las muestras remitidas por el juez en investigaciones criminales, analicen regiones del ADN distintas a las determinadas por la ley. Carracedo entiende que el futuro texto legal debería tener forma de ley orgánica por afectar a derechos fundamentales, y lamenta que se haya producido tanto retraso. En genética forense, España está entre los primeros de Europa, junto a Alemania y Reino Unido, asegura.

"Las bases de datos con fines de identificación criminal consisten en el archivo informatizado de perfiles de ADN obtenidos a partir de vestigios biológicos hallados en las víctimas o en el lugar del delito", aseguran Carracedo y Alonso. Es decir, las muestras se toman a partir de sangre, semen, pelos, restos óseos o saliva.

Miguel Lorente, forense y director adjunto del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, que ha realizado estudios sobre el tema en el FBI en Quantico (Virginia), reconoce que hablar de ADN o de genética despierta temores. "Su uso se percibe más como una amenaza que como un instrumento válido". El ADN que se estudia en investigación criminal, dice Lorente, es no codificante, es decir, "no guarda información relacionada con las características de las personas y su estado físico o psíquico, ni con la predisposición a sufrir alguna enfermedad o alteración". Y añade que estas características hacen que se le denomine ADN basura.

Sin embargo, algunos expertos reconocen que en la muestra obtenida con fines de identificación criminal también se pueden estudiar otras regiones codificantes del genoma humano, lo que podría revelar una información de trascendencia para el individuo. Quizá por ello, el texto de Justicia especifica que los laboratorios acreditados no podrán analizar regiones del ADN distintas a los fines establecidos. La utilización indiscriminada de las bases de datos produce rechazo. Una persona puede plantearse por qué razón tiene que ser identificada con su ADN.

Hay, además, el problema de la seguridad. Puede existir el riesgo de dar un mal uso a los datos. Si del ADN no codificante se puede obtener información sobre enfermedades o predisposición a sufrirlas, esto tendría una derivación peligrosa si la información cae en manos de las compañías de seguros o de las empresas, por ejemplo.

Tal y como está hoy la legislación en España, ningún ciudadano puede ser sometido por la fuerza a la extracción de sangre o a cualquier otra toma de muestras biológicas ni con una orden judicial. Es más, algún que otro delincuente ha sido absuelto por considerar el juez que la prueba inculpatoria del ADN fue obtenida sin su consentimiento.

Puntos esenciales sobre el tapete, entre otros, son el tipo de individuos que pasarían a engrosar la base de datos, si sólo los condenados o también los sospechosos de delitos menores, como conducir bajo los efectos del alcohol, y con qué requisitos accedería la policía o la Guardia Civil a los datos genéticos.