El Gobierno deja en la indefinición cómo se financiará el Plan Forestal Nacional

El anunciado plan forestal, en el que el Gobierno ha comprometido inversiones de más de 350.000 millones de pesetas en los próximos siete años, no aclara el origen de esa financiación, según el borrador del documento entregado a las autonomías y a la comunidad científica para su estudio durante las próximas semanas. Ese capítulo es decisivo si se quiere recuperar el tiempo perdido en la restauración y mantenimiento de la riqueza forestal en España, según varios sectores consultados. De momento se ha entregado en blanco a las autonomías para que sean ellas quienes pongan las cifras.

Fondos escasos

La comunidad científica ha recibido el borrador del texto cuando finalizaba el curso, por lo que no estará en condiciones de ofrecer una valoración hasta después del verano. Tampoco las autonomías han profundizado en su examen desde que el pasado 4 de julio recibieron el documento por parte del anterior equipo responsable de la gestión forestal en el ministerio. Ahora se ha hecho cargo de este área Íñigo Ascasíbar, hasta ahora miembro del grupo técnico del Ministerio de Medio Ambiente encargado del cambio climático. El último colectivo en recibirlo serán los agentes sociales -profesionales, sindicatos y empresas- vinculados a la explotación y conservación de los montes. La Asociación de Profesionales Forestales de España (Profor) pedirá al ministro Jaume Matas, en un encuentro previsto a principios de agosto, que les aclare el calendario del Plan Forestal, paso previo a la tramitación de la Ley Forestal.La vigente data de los años cincuenta.

"El peligro del plan es que se convierta en una carta a los Reyes Magos", advierte Francisco Cano, secretario general de Profor. El ministerio no ha aclarado de dónde salen los 350.000 millones de pesetas que Matas comprometió en su primera comparecencia en las Cortes para combatir la desertificación del país.

Fuentes de Medio Ambiente creen que la mayor parte de ese dinero procederá de distintos fondos europeos, incluidos los que gestiona el Ministerio de Agricultura para la reforestación de tierras de cultivo abandonadas por su baja rentabilidad.

El Plan se articula en seis ejes de intervención, 22 programas y más de un centenar de líneas de actuación con las que se pretende cubrir las necesidades de los espacios forestales. Estos programas serán revisables periódicamente mediante un procedimiento de evaluación por indicadores, tal como se acordó en la Conferencia de Lisboa de hace dos años.

Los seis ejes de intervención son: la selvicultura, ordenación y mejora forestal; la protección contra incendios y la defensa de los recursos cinégeticos, el patrimonio forestal y las vías pecuarias; la restauración ambiental de los ecosistemas forestales, la lucha contra la desertificación, la recuperación de terrenos degradados y la reforestación de montes quemados; la conservación de la biodiversidad, de los bosques singulares y el uso social de los espacios forestales; los sistemas de información, banco de datos, investigación y divulgación forestal y, por último, la planificación de la política forestal y la exterior.

Detrás de cada uno de estos capítulos cada comunidad autónoma deberá indicar la cuantía económica que tiene previsto destinar durante los próximos 25 años, así como las partidas para el periodo 2000-2006, durante el cual todavía se podrá contar con fondos europeos.

El dinero de estos fondos destinados a la conservación de la naturaleza, donde se engloban los bosques, ha sido escaso. El Ministerio de Medio Ambiente tampoco ha tenido éxito en conseguir que se aumenten estas partidas, según lamentan fuentes del departamento. Sólo unas buenas relaciones con el Ministerio de Agricultura (no lo fueron durante la anterior legislatura) facilitarían un trasvase de dinero a Medio Ambiente desde programas de desarrollo rural o fondos estructurales, según las mismas fuentes.En contra de lo que pueda parecer, España es uno de los países europeos donde la superficie forestal ocupa más porcentaje de su territorio. Exactamente, el 51%, por detrás sólo de Finlandia (74%), Suecia (74%) o Rusia (54%). Según el último Inventario Forestal, existen 26 millones de hectáreas de montes, pero, a diferencia de los países que obtienen de ellos altas rentabilidades, buena parte de esa superficie "forestal" española está desarbolada o cubierta por pequeños arbustos, fruto de la lenta colonización por especies arbóreas de las tierras de cultivo marginales, abandonadas, por su escasa rentabilidad agrícola y ganadera.

La atención a los bosques es una asignatura pendiente desde la transición. Ni siquiera se ha puesto al día la ley forestal con arreglo a la Constitución de 1978. Muchas autonomías cuentan ya con una legislación propia, sin que el Estado haya dado el paso de articular un marco legal que coordine y armonice todas las actividades vinculadas al bosque, sean de titularidad pública o privada (más del 60%). La ley vigente es preconstitucional y no tiene en cuenta las competencias asumidas por las autonomías.

Durante la pasada legislatura, la ministra Isabel Tocino logró consensuar una estrategia forestal para los próximos 25, años en línea con la pautas marcadas por la Unión Europea. Realizado el diagnóstico del estado forestal y definida la estrategia, el siguiente paso será la aprobación del Plan Forestal, el instrumento económico para cumplir la estrategia. La directora general de Conservación de la Naturaleza, Inés González Doncel, confía en que el plan pueda estar aprobado dentro de seis meses.