Un 5% "imposible" de evitar

Un 6,8% de quienes ingresan en un centro hospitalario en España contraen alguna infección nosocomial (propia de hospitales), según el Estudio de Prevalencia de Infecciones Nosocomiales en España (EPINE) elaborado en 1997 por la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene Hospitalaria. Este porcentaje ha ido disminuyendo desde el 8,4% de 1990, pero los expertos coinciden en que es "imposible" que esta proporción baje del 5%. Sanidad reconoce que el 65% de estas infecciones se dan en el quirófano o en el posoperatorio. Las vías de contagio más frecuentes son las sondas urinarias y las prácticas quirúrgicas, seguidas por el uso de respiradores.

Los médicos explican estas infecciones por varias causas. Es frecuente que las personas que ingresan en los hospitales sufran algún tipo de inmunodeficiencia, por lo que son más vulnerables a los contagios. En los trasplantes, el sistema inmunológico de los enfermos se deprime artificialmente para evitar el rechazo. Ello convierte en peligrosos a bacterias, virus u hongos que no lo son para personas sanas.

Además, bacterias como los estafilococos, inofensivas en la piel, pueden provocar graves trastornos cuando se introducen mediante sondas o las heridas de la cirugía en los órganos internos.

El tercer factor de contagio es el ambiente hospitalario, donde la concentración de enfermos y de agentes patógenos es mayor que en el exterior, y donde, los microorganismos, en contacto continuado con los antibióticos, se vuelven más resistentes.

Pero, según el EPINE, hay algo que los hospitales pueden hacer para evitar estos contagios: el lavado de manos del personal, cuidar la esterilización y el desechado del material, utilizar guantes y mascarillas, aislar al enfermo si es necesario y dar el medicamento (antibiótico) preciso en dosis exactas. Esto último es lo que, según el Tribunal Supremo, no se ha demostrado que se hiciera en el caso de L. V. L.

El Ministerio de Sanidad ha sido condenado este año a pagar una indemnización de cinco millones de pesetas por atender con 30 minutos de retraso a un paciente que murió de un infarto, y con 21 millones de pesetas por un enfermo cardiaco que murió cuando estaba en lista de espera.