Guerra sin cuartel

El fallo de ayer en Miami marca un hito en la larga batalla judicial contra las tabacaleras de EE UU. Éstas son las fechas que han marcado este proceso:1988. Un jurado de Newark acuerda una indemnización de 400.000 dólares para la familia de Rose Cipollone, muerta de cáncer de laringe y adicta al tabaco. Este caso trajo como consecuencia en 1992 la obligatoriedad de advertir en los paquetes de tabaco sobre los perjuicios que fumar tiene para la salud.

Mayo de 1994. Misisipí se convierte en el primer Estado de EE UU que presenta una demanda contra los fabricantes de tabaco para solicitar el reembolso de los gastos médicos destinados a cuidar a los fumadores.

Agosto de 1996. Primer revés importante para la industria del tabaco, declarada culpable por un tribunal de Florida en el caso de un cáncer de un ex fumador. La Agencia de Control de Alimentos (FDA) afirma tener la autoridad para regular la tasa de nicotina en el tabaco y sobre todo para decidir restricciones a la venta de tabaco a jóvenes y reglamentar la publicidad.

Marzo de 1997. Por primera vez, un grupo tabacalero, Liggett, reconoce que el tabaco genera dependencia.

Agosto de 1998. La decisión de la FDA en 1996 fue anulada por un tribunal de apelaciones.

Noviembre de 1998. Acuerdo entre 46 Estados y los fabricantes de cigarrillos, que desembolsarán 206.000 millones de dólares para cubrir los costes pagados por los Estados para cuidar a los fumadores.

Marzo de 1999. La tabacalera Philip Morris es condenada por un tribunal de California a pagar 81 millones de dólares de indemnizaciones a la familia de un hombre que murió de cáncer. Un mes antes, el mismo fabricante había sido condenado a pagar indemnizaciones por 50 millones de dólares por un tribunal de Nueva York.

Julio de 1999. El tribunal de Miami (Florida) considera que los fabricantes de tabaco son responsables de enfermedades como el cáncer, abriendo la vía a una multiplicación de los juicios por parte de ex fumadores.

Septiembre de 1999. El Gobierno de EE UU ataca en juicios civiles a los industriales por haber ocultado al público los peligros del tabaco y reclama el pago de la totalidad de los gastos de salud causados por el tabaquismo (20.000 millones de dólares al año)

21 de marzo de 2000. El Tribunal Supremo estipula que el Gobierno no tiene autoridad para reglamentar el tabaco, comparándolo con una droga.