Todas las partes dicen sentirse satisfechas, pero recurrirán

El rector, contento

La Generalitat de Cataluña y la plataforma Convivencia Cívica Catalana, las dos partes que comparecieron en el proceso judicial, mostraron ayer su satisfacción por la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Tarragona. Pese a ello, ambas partes anunciaron que recurrirían el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña."La sentencia reafirma la legalidad del reglamento, excepto algunas cuestiones que son de orden menor", afirmó ayer el Gobierno catalán en un comunicado. En este mismo sentido, la Generalitat considera que los artículos anulados "son sólo por discrepancias con la Ley de Política Lingüística" y añade que la resolución "reconoce implícitamente la política de promoción y fomento del catalán" que lleva a cabo la administración autonómica. Por ello, el Gobierno de Jordi Pujol entiende que la sentencia confirma la validez legal de los reglamentos de uso del catalán para fomentar esta lengua en el ámbito universitario.

Por su parte, Convivencia Cívica Catalana cree que la sentencia "establece una interpretación restrictiva del concepto de lengua propia en el sentido de que este término no supone la exclusión del castellano, sino que, por el contrario, aboga expresamente por la utilización equilibrada" de las dos lenguas. Por ello, y por las consideraciones que se realizan en la sentencia de "tan cuestionada norma", en referencia a la Ley de Política Lingüística, esta plataforma reclama de la Generalitat y del resto de administraciones de Cataluña "que apliquen el espíritu de la sentencia y utilicen equilibradamente" el castellano y el catalán.

Por su parte, el rector de la Universidad Rovira i Virgili, Lluís Arola, coincidió con la Generalitat en afirmar que el reglamento se ajusta a derecho" y que demuestra que "no existe marginación del castellano". En su opinión, el juez "ha dictado una sentencia acertada porque ha huido de temas de política lingüística y se ha centrado en temas jurídicos". Respecto a la modificación de los artículos exigida en la resolución, Arola aseguró que "si es necesario, modificaremos algún artículo, pero esto lo decidiremos en los próximos días en que analizaremos a fondo la sentencia y, si no estamos de acuerdo, presentaremos recurso".Del mismo modo, el rectorado de la Universidad Pompeu Fabra, cuyo reglamento de usos del catalán también está suspendido por los tribunales en espera de sentencia mostró su satisfacción por el fallo. "Ahora todavía estamos más convencidos de la legalidad de ese reglamento", aseguró un portavoz.