Bruselas vuelve a cuestionar la actuación de Portugal por vetar una operación empresarial

El examen por Bruselas del uso que el Gobierno de Portugal hace de la denominada acción de oro -derecho de veto que se reservan los Gobiernos en empresas privatizadas para operaciones que consideren no deseadas- coincide prácticamente en el tiempo con la decisión adoptada por Bruselas de denunciar a España ante el Tribunal de Luxemburgo por su política de intervención en las empresas privatizadas, que tuvo su momento álgido en la oposición a la fusión entre Telefónica y la compañía holandesa KPN.Ante la frontal oposición del Ejecutivo de Portugal a la OPA sobre Cimpor, operación cuya cuantía estimada es de 4.000 millones de euros (665.544 millones de pesetas), la cementera portuguesa Secil ha anunciado que está dispuesta a negociar "hasta el límite de lo razonable" las alteraciones que presente el Gobierno.

El acuerdo de Secil y el grupo suizo Holderbank (aunque esta empresa no es de la UE sí lo es la portuguesa Secil) para adquirir Cimpor prevé separar esta compañía en dos unidades. El grupo suizo se quedaría con el 70% de los activos, que incluyen la producción nacional, la de Brasil (Cisafra-Serrna), de Túnez, Marruecos y Mozambique. Secil, por su parte, asumiría las unidades de fabricación de cemento en España (Corporación Noroeste de Galicia), Brasil (Brennand) y Egipto (Ameriyah).

El presidente de la cementera Secil, Pedro Queirós Pereira, afirmó ayer al Diário de Notícias que mantendrá una actitud conciliadora ante las alteraciones que proponga el Gobierno para la futura operación, pero subrayó que "no es lógico que un accionista con el 10% de una compañía condicione al resto con el 90%", cuando el propio Estado "ha reconocido también que la acción de oro es meramente transitoria".

Más socios

El presidente de Secil insistió en que respeta y hasta considera beneficioso que el Estado pretenda mantener su posición en Cimpor, dado que "en proyectos de esta envergadura, cuantos más socios mejor", pero reclama el apoyo del Ejecutivo a los intereses nacionales, puesto que el fracaso de la operación podría conducir a la desaparición de Secil y al futuro control extranjero de la compañía estatal. Queirós Pereira asegura que esta concentración constituye la única alternativa viable para la supervivencia de Secil ante las fusiones que se producirán en este sector por toda Europa. El empresario reconoció que ha pasado más de cuatro años buscando sin éxito socios portugueses para este proyecto que, a su juicio, debe ser apoyado por el Gobierno, "puesto que sabemos que, de aquí a un año, Cimpor puede pasar en su totalidad a manos de grupos extranjeros y Secil perderá entonces cualquier capacidad para competir".

La alianza con Holderbank, líder mundial del sector, generaría enormes beneficios para las compañías portuguesas, dado que sus directivos han reconocido que traspasarían una parte importante de su volumen de negocio en África al nuevo consorcio.

A juicio de Queirós Pereira, con ese desvío del negocio, Cimpor alcanzaría una producción cercana a los 30 millones de toneladas frente a sus actuales 18 millones y Secil duplicaría sus cinco millones de hoy. El presidente de Secil reconoció que el grupo suizo está dispuesto a aceptar temporalmente la estrategia del Gobierno portugués, pero deben suponer que "estamos realizando un sacrificio que preferiríamos no hacer".

Queirós Pereira admite también que están dispuestos a acomodarse a las exigencias del Gobierno, "dentro de lo razonable", pero "sería bueno que el Estado defina su estrategia lo antes posible; no podemos estar así indefinidamente y nos gustaría que el comportamiento del Gobierno tenga una lógica y no sea simplemente el no por el no".

El ministro de Finanzas de Portugal, Joaquim Pina Moura, ha defendido el derecho de su Gobierno a intervenir en compañías que, como Cimpor, están en proceso de privatización total.

El Gobierno portugués tiene previsto deshacerse de su actual participación en la cementera, del 12,7%, antes de que finalice el primer semestre del próximo año.

Frente a las tesis portuguesas -y españolas-, la Comisión Europea considera que el ejercicio de la acción de oro por parte de los Gobiernos puede vulnerar la libre circulación de capitales en la Unión Europea e impedir la competencia efectiva en los mercados.