El Parlamento Europeo acepta investigar si el castellano está discriminado en Cataluña

El Parlamento Europeo estudiará en septiembre la supuesta discriminación de los castellanohablantes en Cataluña. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha admitido a trámite la petición de examinar la "vulneración flagrante de los derechos lingüísticos de los ciudadanos de lengua castellana en Cataluña", presentada por Convivencia Cívica Catalana (CCC), una plataforma presidida por el eurodiputado del Partido Popular Aleix Vidal-Quadras. Este colectivo se ha destacado en los últimos años por combatir la política lingüística del Gobierno catalán.

Frialdad en Cultura

El presidente de la comisión, el democristiano italiano Vitaliano Gemelli, explicó ayer que tiene la intención de desplazarse personalmente a Barcelona antes de que se celebre la sesión parlamentaria de septiembre para recabar información sobre los aspectos planteados por Convivència Cívica Catalana en su informe. Según explicó ayer, Gemelli pedirá entrevistarse tanto con el Gobierno de la Generalitat y los responsables de aplicar su política lingüística como con las entidades que consideran que los castellanohablantes están discriminados en Cataluña.El pasado diciembre, una amplia delegación de CCC viajó a Bruselas para pedir al Parlamento que examine la situación del castellano en la comunidad y entregó un informe de más de 200 páginas para tratar de demostrar que "el Gobierno regional de Cataluña y algunos gobiernos locales vulneran los derechos lingüísticos de los ciudadanos". A pesar de que Vidal-Quadras es vicepresidente de la Cámara, el dirigente conservador y la plataforma que preside optaron por acudir a la Comisión de Peticiones, una instancia permanente del Parlamento a la que pueden dirigirse los ciudadanos que ven lesionados sus derechos.

El presidente de dicha comisión, Vitaliano Gemelli, miembro, como Vidal-Quadras, del Partido Popular Europeo (PPE), comunicó la semana pasada a CCC que la petición ha sido admitida a trámite. En una misiva fechada el 26 de junio, Gemelli explica que la Comisión de Peticiones "ha iniciado el examen de la petición", una vez constatado que las cuestiones planteadas son "admisibles de conformidad con el Reglamento de la Unión Europea; es decir, que su objeto incide en el ámbito de actividades de la Unión Europea".

La toma en consideración de la demanda no es un mero trámite. Según consta en el último informe sobre la actividad de la comisión, del pasado 13 de junio, el porcentaje de aceptaciones en el último ejercicio, correspondiente a 1999, fue del 51%. De las 958 peticiones recibidas sólo fueron admitidas a trámite 492.Tras abrir formalmente el expediente, Gemelli se dirigió a la Comisión Europea para que examinara la supuesta "discriminación lingüística que sufren los alumnos castellanohablantes en las escuelas catalanas" denunciada por Vidal-Quadras. No obstante, la comisaria europea de Eduación y Cultura, la luxemburguesa socialcristiana Viviane Reding, recibió la petición con frialdad.

Reding es, como Gemelli, miembro del PPE, pero tiene desde hace años una estrecha relación con Convergència i Unió (CiU).

En su respuesta por escrito, Reding hace constar su convicción de que a la Unión Europea no le corresponde estudiar los casos de discriminación lingüística internas en los Estados miembros. Además, la comisaria subraya "la importancia del respeto a la diversidad nacional y regional de las culturas de los Estados miembros" y de "preservar la riqueza lingüística de la Unión".

Pese a ello, el Parlamento mantendrá abierta la petición y abordará la situación de los castellanohablantes en Cataluña.

El presidente de la comisión de Peticiones explicó ayer a este diario que llevará el caso a la comisión después de las vacaciones de verano. La comisión de Peticiones está integrada por 30 eurodiputados miembros y 17 suplentes. Ninguno de ellos es catalán, y entre los titulares se encuentran tres españoles: Felipe Camisón, del Partido Popular; María Sornosa, del Partido Socialista, y Laura González, de Izquierda Unida.

La petición presentada por CCC traslada al Parlamento Europeo su "honda preocupación por el atropello de los derechos lingüísticos de la ciudadanía de Cataluña" como consecuencia de la política lingüística de la Generalitat. El documento pone un énfasis especial en la enseñanza y aporta estadísticas de la propia Generalitat, según las cuales en el curso 1995-1996 sólo el 1% de los alumnos de enseñanza infantil y primaria recibieron la enseñanza en castellano, cuando el 47% de los escolares tenían el castellano como lengua materna.

Esta iniciativa de CCC se suma a otras anteriores de esta misma organización. Entre ellas destacan los recursos presentados contra los reglamentos de usos lingüísticos de las universidades Rovira i Virgili de Tarragona y Pompeu Fabra de Barcelona, que ahora se encuentran cautelarmente suspendidos por decisión judicial.