El Tribunal de Cuentas aprecia irregularidades en la Biblioteca Nacional

El Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas deficiencias en los sistemas de gestión de la Biblioteca Nacional, entre los que destaca retrasos importantes en la catalogación de bienes o un control "inoperante" del material inmovilizado. En su informe sobre el ejercicio de 1997, un periodo en el que era director de la Biblioteca Nacional el actual secretario de Estado, Luis Alberto de Cuenca, el Tribunal de Cuentas señala, por ejemplo, que en la cuenta de inmovilizaciones materiales sólo se encuentran registrados los fondos bibliográficos comprados desde 1991, pero no los preexistentes ni los recibidos a título gratuito.

El Tribunal de Cuentas destaca igualmente un "desfase" entre el número de títulos que ingresan anualmente y los catalogados en el año, derivado entre otras cosas de una "importante inestabilidad y escasez del personal funcionario" dedicado a esas tareas.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas aprecia retrasos importantes, en algunos casos de hasta cuatro años, en la catalogación de diversas clases de materiales. Cita la existencia de dos millones de piezas sin catalogar, de los que millón y medio corresponde a material gráfico. También revela que el sistema de control del material inmovilizado es "inoperante", y pone de relieve un "mal control interno" de la venta de las publicaciones propias de la Biblioteca Nacional.

Pagos indebidos

El informe del Tribunal de Cuentas menciona otros problemas contables, como pagos indebidos a personal, pagos a justificar en casos no previstos por la normativa, no reflejar en el saldo de la cuenta de tesorería la situación de todas las cuentas, una minoración indebida de la cuenta de acreedores presupuestarios en 47,4 millones de pesetas, y hasta un contrato con una sociedad anónima para la distribución y venta de publicaciones que no se ajusta a la Ley de Contratos del Estado.

Un aspecto curioso constatado por el Tribunal de Cuentas es que el organismo no repercute al usuario el importe del IVA en el precio a cobrar por la prestación de servicios de reprografía, lo que supone un menoscabo de los ingresos públicos cifrado en cerca de ocho millones de pesetas en ese año 1997.

Para resolver esas deficiencias, el Tribunal de Cuentas recomienda establecer una norma específica para tratar los fondos de la Biblioteca Nacional, dado que el reglamento general de 1989 es de difícil aplicación a esta entidad. También sugiere la conveniencia de que la Intervención General de la Administración del Estado apruebe una adaptación del Plan General de Contabilidad Pública aplicable a las bibliotecas del Estado y que se realizase un plan específico para el tratamiento de los fondos de la Biblioteca Nacional.