SISTEMA FINANCIERO ANDALUZ El Carnaval de las cajas

El Parlamento andaluz aprobó en diciembre de 1999 una ley cuyo objetivo era sentar las bases para que el sistema financiero andaluz pudiera hacer frente a la globalización y liberalización de mercados desde la solidez, la profesionalidad y el servicio a los intereses públicos y generales de Andalucía. La ley se aprobó con la oposición estruendosa del Partido Popular, que sin embargo había impulsado leyes similares en aquellas Comunidades Autónomas en las que tenia responsabilidad de Gobierno. Algunos presidentes de Cajas están reclamando la modificación del marco legal en España para que se posibilite la fusión de Cajas de distintas Comunidades Autónomas. La Caixa y Caja Madrid ya están realizando un desembarco espectacular en Andalucía sin que hasta ahora las Cajas andaluzas hayan tenido capacidad de respuesta. Por otro lado la mayoría absoluta del PP en el Gobierno de la nación propiciaría por vía directa o indirecta la privatización de las Cajas, lo que permitiría a los grandes Bancos eliminar esa competencia por medio de su adquisición.

Andalucía puede perder la posibilidad de contar con instrumentos financieros propios que potencien el desarrollo económico prioritario de nuestra comunidad y las funciones sociales que deben realizar las Cajas.

En este contexto la situación en la que nos encontramos es:

Cuatro Cajas en Andalucía no han aprobado la adaptación de sus estatutos a la Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía en el plazo previsto por la misma. Y ello porque el Partido Popular ha llamado a la insumisión en una estrategia política irresponsable.

En esta estrategia el Partido Popular ha contado con la complicidad de algunos presidentes de Cajas, en concreto de las dos entidades sevillanas, que han antepuesto sus intereses personales a los de las entidades que presiden.

Los presidentes y los órganos de Gobierno de las referidas Cajas se encuentran con sus mandatos cumplidos con creces. Tendrían que haber acometido la renovación de los mismos en el último trimestre de 1998. En el caso concreto de los dos presidentes de las cajas de Sevilla, llevan mas de 12 años en el cargo, cuando la LORCA y la Ley de Andalucía sólo lo permiten mandatos por ocho años.

Ante esta grave situación las salidas podrían ser las siguientes:

Que la Junta de Andalucía prorrogue el plazo de adaptación a la Ley. Ello exigiría la tramitación de un proyecto de Ley de modificación de la actual, que supondría prolongar hasta Junio de 2001 la situación de ilegalidad actual, y retrasar la renovación de los órganos de Gobierno. Supondría la claudicación de la voluntad popular ante una acción insumisa de quien no ha aceptado los acuerdos tomados por un Parlamento soberano.

Que se produzca una intervención de la Junta de Andalucía en las Cajas. Pero ello, aunque sea legal y existan en la comunidad antecedentes, como cuando el Banco de España intervino la Caja de Jerez en 1994 nombrando Administrador único al Consejero de Economía de la Junta andaluza, no parece que sea lo mas conveniente.

La estabilidad, la solidez y la credibilidad de las Cajas de Ahorro andaluzas exige que la actual situación no se prolongue para evitar mayores perjuicios al sistema financiero andaluz. Las decisiones que se adopten deben ser extraordinariamente prudentes y el mismo tiempo respetuosas con la ley. Esta establece: "las Cajas (...) adaptarán sus estatutos y reglamentos a las disposiciones de esta ley y los remitirán, en todo caso, para su aprobación a la Consejería de Economía y Hacienda...". Con ello se está afirmando la obligación legal de remitir a la Junta los estatutos, hayan sido adaptados o no, para que la Autoridad Autonómica efectúe el control público y la tutela que la ley le encomienda.

Ello permitiría a la Junta de Andalucía suspender los artículos de los Estatutos actualmente vigentes que estuvieran en contraposición con la Ley, en cumplimiento de la Disposición Derogatoria Única 1. De la Ley y la apertura, sin dilaciones, del proceso de renovación de los Órganos de Gobierno de las Cajas, acabando con la situación de transitoriedad y precariedad que se está viviendo en estos momentos.

Isabel Pozuelo Meño es diputada del PSOE por Sevilla al Congreso.