El sector del libro considera que el descuento libre es "intervencionista"

Cinco entidades vinculadas al libro (libreros, distribuidores, escritores y dos de editores) arremetieron ayer contra la decisión del Gobierno de permitir la libertad de descuento en la venta de los textos escolares. Calificaron la medida de "intervencionista", ya que "consagra un régimen especial y exclusivo" para estos volúmenes. Añadieron que supone "un privilegio" para dos cadenas de hipermercados. Los afectados, que recurrirán la decisión ante los tribunales, acusaron al Ministerio de Economía de haber impuesto su criterio frente al de Educación y Cultura. Temen que esta "agresión" obligue a cerrar a unas 2.000 pequeñas librerías.

Dos asociaciones del ámbito de la edición, la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y la Asociación Nacional de Editores de Libros de Enseñanza (ANELE), además de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE) y la Asociación Colegial de Escritores hicieron ayer un frente común en sus críticas. En rueda de prensa conjunta, arremetieron contra la decisión gubernamental de permitir la libertad de descuento en los libros escolares (la rebaja tenía hasta ahora el tope del 12%), cuyo precio fijo, en teoría, se mantiene. El pasado viernes, el Ejecutivo incluyó esta medida entre las destinadas a frenar el alza del coste de la vida."El ministro Rato hablaba de liberalizar, pero esto no es una liberalización, sino una intervención. Se instaura un régimen especial y exclusivo para el libro y se atenta contra la esencia de la libre competencia", afirmó el presidente de ANELE, Mauricio Santos. A su juicio, la medida incumple las leyes sobre defensa de la competencia, competencia desleal y ordenación del comercio minorista. Añadió que las tres prohíben la venta a pérdidas. "El precio fijo con descuentos sin límite es una invitación a la venta a pérdidas", puntualizó.

Según Santos, la libertad de rebaja "es un gravísimo atentado contra la supervivencia de las librerías, que quedan indemnes ante las grandes superficies". Acusó, en concreto, a dos cadenas de hipermercados franceses (Alcampo y Carrefour, resultante de la fusión entre Pryca y Continente) de haber "provocado" la medida y de haber influido sobre ella "con su lobby". Añadió que los citados hipermercados "quieren usar los libros de texto como reclamo comercial". "Sólo suponen ahora el 0,5% de su facturación", añadió.

Los editores habrían preferido que el Gobierno se hubiera decantado por el precio libre de los libros de texto - "es legal y da cierto amparo a los vendedores", según Santos-, en lugar de haber elegido la libertad de rebaja, que consagra "un sistema excepcional y único en el mundo", según el presidente de ANELE. "Si se autorizan los descuentos sin limitación, el precio crecerá para que el descuento sea irreal" advirtió. Según los afectados, pese a mantener el precio fijo, el Gobierno incita a no respetarlo.

Con la aprobación del precio libre se hubiera dejado a todos los sectores en igualdad de condiciones porque impide vender por debajo del precio de coste y, por tanto, el regalo de libros. Esta medida sólo está al alcance de los que comercian con otros productos aparte de los libros, sostienen los afectados.

El presidente de ANELE negó que el ministerio de Economía hubiera negociado la medida con el sector. Acusó a su titular, Rodrigo Rato, de "falsedad". "Se nos dijo que los libros de la enseñanza obligatoria tendrían precio libre y eso lo habríamos aceptado", añadió. Según los opositores al descuento, Economía impuso su criterio frente al ministerio de Educación y Cultura, que habría sido partidario de la libertad de precios en lugar de la de descuentos.

El presidente de la Asociación Colegial de Escritores, Juan Moyá, señaló que la liberalización afectará a los autores, porque "la creación literaria tienen como salida natural las librerías pequeñas". Por su parte, el presidente de los libreros asociados en CEGAL, Fernando Valverde, afirmó que los pequeños establecimientos son "el eslabón más afectado". En un año pueden desaparecer 2.000 librerías. Los libros de texto y el material complementario suponen el 37,5% del volumen de negocio de las pequeñas librerías, dijo.

Los afectados recurrirán ante los tribunales españoles y comunitarios el descuento libre, una medida que el presidente de los distribuidores, Carlos Simó, calificó como "una injusticia".