Los paramilitares asumen el secuestro del hermano del mediador de paz colombiano

Los paramilitares han vuelto a poner en jaque el proceso colombiano de paz entre el Gobierno y la guerrilla: si los negociadores oficiales no actúan "seriamente y comprometidos con la defensa y preservación de los legítimos derechos de los nacionales" - según el criterio de esta organización armada ultraderechista-, no dejarán en libertad a Guillermo Valencia Cossío, político antioqueño desaparecido el pasado lunes en Medellín, y cuyo secuestro fue reconocido oficialmente por los paramilitares. Valencia es hermano de Fabio Valencia Cossío, ex presidente del Senado, negociador ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y una de las fichas clave del presidente Andrés Pastrana. Según Carlos Castaño, el temido y poderoso jefe máximo de los paramilitares, Fabio Valencia se ha entregado a las FARC. Castaño afirma que este político "engañó a la comunidad internacional" durante su participación en un foro de paz en Alcalá de Henares (a mediados de julio), donde Valencia afirmó que "las FARC no son narcotraficantes; los enemigos de la paz, sí".

Castaño leyó por la radio, en tono desafiante, el comunicado en el cual reconoce la autoría del secuestro. Existe el inadmisible plan de unión entre el Gobierno y las FARC contra quienes hemos combatido a la guerrilla en Colombia", afirmó Castaño. Según el caudillo de las autodefensas, éstas no pretenden la renuncia de Valencia Cossío, y "tampoco obstaculizar el proceso de paz", pero sí "evitar la continua y progresiva entrega del país a la guerrilla". También solicita a Fabio Valencia un informe público de los logros obtenidos durante los 20 meses de negociación, confrontados con las concesiones hechas a las FARC para que los colombianos "hagan su propio balance".

De inmediato, los negociadores oficiales rechazaron el comunicado, que consideran una amenaza a su labor: "Presentar un informe sería convertirnos en rehenes de las autodefensas", afirmaron. Poco después, el Gobierno emitió un comunicado donde asegura que jamás "subordinará la política de paz a las exigencias de una organización armada ilegal". "No se puede dar razón a quien ponga el arma del secuestro en la cabeza", dijo monseñor Alberto Giraldo, presidente de la Conferencia Episcopal. Hace apenas una semana, la Iglesia alertó sobre la arremetida de estos grupos y la consolidación de su proyecto en el sur de la provincia de Bolívar, donde están creando un paraestado.