Los Quince acuerdan abrir el debate sobre las dos velocidades, pese a la oposición de España

El Gobierno español perdió ayer su primera batalla en la reforma del Tratado de Amsterdam: los Quince acordaron en la cumbre de Feira que la agenda de la negociación se amplíe para incluir el espinoso asunto de las cooperaciones reforzadas, la llave que puede abrir la puerta a una Europa a dos velocidades. La derrota del Gobierno de José María Aznar estaba escrita ya antes del Consejo Europeo que pone fin a la presidencia portuguesa, cuando España se quedó sola en contra de ampliar la negociación después de que incluso el Reino Unido aceptara hablar del asunto.

España forma parte de una extraña alianza en este asunto, en el que comparte puntos de vista con los tres países más euroescépticos de la Unión Europea: Reino Unido, Dinamarca y Suecia. Detrás de esta posición aparentemente técnica palpita una intención de gran calado político: el pánico a que un relajo de las cooperaciones reforzadas acabe derivando en una Europa de dos o más velocidades.Las cooperaciones reforzadas fueron introducidas por primera vez en el Tratado de Amsterdam para permitir que un grupo de países pudiera realizar políticas comunitarias sin forzar a los demás a seguir los mismos pasos.

En el pasado se pusieron en marcha dos cooperaciones reforzadas, cuando ni siquiera se había inventado esta fea expresión con que son definidas. Una es la Unión Económica y Monetaria (UEM), que ha permitido crear el euro de modo que sólo forman parte de él los países que cumplen las condiciones macroeconómicas acordadas previamente; la UEM otorga a dos países (Reino Unido y Dinamarca) el derecho a sumarse o no en función de su decisión política autónoma. Es el típico ejemplo de una cooperación reforzada realizada dentro del Tratado de la Unión.

El Convenio de Schengen representa una cooperación realizada al margen del Tratado. La pusieron en marcha varios países para derribar sus controles policiales y aduaneros entre ellos. Y lo hicieron al margen del Tratado porque el Reino Unido vetaba una iniciativa semejante. Ésa es la excusa que permitió introducir en el Tratado de Amsterdam el concepto mismo de cooperaciones reforzadas: "Hay que incluirlo en los tratados porque si no, se realizará siempre fuera del marco jurídico comunitario".

Ahora, los viejos socios fundadores de la Europa unida quieren dar un paso más: flexibilizar las cauciones con que el mecanismo fue aprobado en Amsterdam. Y en particular suprimir el requisito de que toda cooperación reforzada sea aprobada por unanimidad al margen de quiénes la promuevan y acabar con la exigencia de que participen en ella al menos la mitad de los socios de la UE.

Muchos países, entre ellos España, temen que eso acabe permitiendo la creación de un núcleo duro de socios que acuerden una serie de políticas que excluyan a los demás. Y aún más: que eso les permita saltarse por la puerta de atrás el derecho de veto.

España ha sido el Estado miembro que con más fuerza se ha opuesto a incluir este asunto en la agenda de la reforma institucional. El cambio de posición se produjo hace poco más de una semana, al constatar el Gobierno de José María Aznar que era ya el único que se avenía a negociar. Hasta el Reino Unido del laborista Tony Blair había aceptado ampliar la agenda de la reforma, aunque dispuesto a vetar cualquier acuerdo que le disguste.

España ha hecho lo mismo, pero dejando claro que el hecho de negociar no prejuzga que esté obligada a llegar a un acuerdo y advirtiendo de que exigirá que se excluya del ámbito de las cooperaciones reforzadas una larga lista de políticas: mercado interior, comercio exterior, competencia, políticas comunes, agricultura, pesca, transportes, cohesión social, ciudadanía de la Unión y la Unión Económica y Monetaria.

Los Quince constataron ayer las grandes diferencias que les separan en otro asunto de gran calado político: la Carta de Derechos Fundamentales. Países como España, Alemania o el Reino Unido recelan de ese proyecto por temor a que si tiene efectos jurídicos los ciudadanos se acojan a ello para exigir derechos económicos y sociales a través de los tribunales. Eso abre paso a dos alternativas muy poco decorosas: o una carta con rango jurídico, pero vacía de contenido, o una carta de gran valor retórico, pero ningún efecto justiciable.

"No es un asunto que tuviera que decidirse aquí", subrayó el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Lamberto Dini. "Primero hay que acabar de redactar la carta, y luego decidiremos cuál es su rango jurídico", defendió el presidente francés, Jacques Chirac, ante sus colegas. Francia es el principal impulsor de este proyecto y quiere que la carta tenga efectos jurídicos y al mismo tiempo un largo aliento político.