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Dimiten los responsables lingüísticos navarros por la 'guerra del euskera'

La dimisión, conocida ayer, de los tres máximos responsables de la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno navarro ha sido la primera y grave consecuencia de la guerra del euskera que vive la comunidad foral. El director general, Fernando Pérez de Viñaspre; el director del Servicio de Programación e Investigación, José Manuel Urroz, y el director del Servicio de Normalización y Fomento del Euskera, Juan Ramón Elorz, difundieron ayer un texto consensuado en el que destacan la "imposibilidad" de trabajar en las "actuales condiciones" de presión sobre la vigente ley foral del Vascuence.Los dimisionarios informaron hace varias semanas de su intención al consejero de Educación y Cultura, Jesús Laguna, y al presidente navarro, Miguel Sanz, que aceptaron su renuncia. El pasado año presentaron igualmente su dimisión numerosos miembros del Consejo Navarro del Euskera, órgano asesor del Ejecutivo, disconformes con la denegación de una licencia radiofónica a la emisora pamplonesa en lengua vasca Euskalerria Irratia.

Los responsables de los planes de normalización y desarrollo del euskera de Navarra esgrimen entre las razones de su abandono la posibilidad de que el partido en el Gobierno (UPN) y el PSN modifiquen el desarrollo reglamentario de la ley del Vascuence en lo concerniente al uso del euskera en las administraciones públicas.

PASA A LA PÁGINA 3

El Gobierno foral dice que no retiró su confianza a los tres dimisionarios

VIENE DE LA PÁGINA 1 El consejero de Educación y Cultura navarro, Jesús Laguna, aseguró ayer que la dimisión de los tres directores de Política Lingüistica no se ha debido al hecho de que el Ejecutivo les haya retirado su confianza, si bien reconoció que estaban sometidos a numerosas "presiones" cruzadas en el desempeño de su función. En su escrito, los cargos dimisionarios aseguran que la anunciada modificación de la ley foral del Vascuence, de llevarse a cabo, "privaría de contenido a nuestra labor, al excluir gran parte de los objetivos aprobados por el Gobierno de Navarra en materia de política lingüística".

Pérez de Viñaspre, Urroz y Elorz añaden que la situación de la lengua vasca en Navarra es "sumamente difícil" al no poder ser utilizada como vehículo de comunicación en múltiples ámbitos "necesarios para su supervivencia y desarrollo", por lo que estiman que recortar aún más su valoración en las pruebas de acceso a la Administración foral pueden convertir la normalización lingüística en un asunto "aún más complicado".

Los altos cargos dimisionarios estiman que esa intención, unida al impulso de una ley específica para regular el uso del euskera en la Universidad Pública de Navarra, "parecen ir en contra de la actitud cada vez más favorable de la población hacia el empleo del euskera, como señalan las encuestas y estudios sociolingüísticos y los datos de matriculación de alumnos de los últimos años".

Los dimisionarios rechazan la crítica de que no se han cuidado adecuadamente las variedades dialectales del euskera navarro, objeto de numerosos trabajos de investigación, y recuerdan a quienes critican la extensión del euskera unificado o batua que su desarrollo está sustentado en las directrices de Euskaltzaindia.

Doce años de vida

La Dirección General de Política Lingüística nació en 1988, dos años después de aprobarse la ley del Vascuence. Socialistas y UPN pretenden ahora modificar sus reglamentos asegurando que los castellanohablantes se ven discriminados en el acceso a la función pública. De hecho, el PSN ha presentado una moción en tal sentido respondiendo a una iniciativa del presidente foral, Miguel Sanz, que fue esgrimida después de que el eurodiputado de EA Gorka Knörr instara a las instituciones europeas a investigar si la zonificación lingüística de Navarra vulnera los derechos de los euskaldunes.

En el lado contrario, asociaciones culturales, educativas y partidos políticos nacionalistas agrupados en la plataforma Oinarriak han presentado 48.000 firmas ante el Parlamento navarro para extender la oficialidad del euskera a toda la comunidad.

Peio Mariñelarena, director de la Federación de Ikastolas de Navarra, lamentó las dimisiones. "Ha sido un excelente equipo de trabajo", indicó. "El Gobierno se ha quedado ahora absolutamente sólo y aislado en esta materia", añadió Mariñelarena.

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