El grupo popular de Salamanca censura a Pasqual Maragall

El grupo popular del Ayuntamiento de Salamanca, con el voto en contra de los socialistas, aprobó ayer una moción presentada en el pleno por el alcalde, Julián Lanzarote, "ante la irresponsable iniciativa socialista presentada en el Parlamento de Cataluña" referida al retorno y depósito de fondos documentales del Archivo de la Guerra Civil con sede en Salamanca. La moción, respaldada por los 17 ediles populares, manifestaba el "más absoluto rechazo" al acuerdo del Parlamento catalán por pretender romper la unidad del archivo. Además, se decidió "la firme censura" a Pasqual Maragall, como responsable del grupo autor de la iniciativa parlamentaria.Los socialistas, a través de Aquiles Magide, se opusieron a la moción para censurar a Maragall, ya que la iniciativa parlamentaria planteó la aplicación y desarrollo del informe de la Junta Superior de Archivos, defendido por el PP de Salamanca. Los socialistas formularon una propuesta transaccional sobre tres puntos: defensa de la unidad del archivo, respeto para el informe elaborado por los expertos, y que el Gobierno acelere el Centro de Estudios de la Guerra Civil, previsto pero no creado.

Aunque el portavoz popular, Fernando Rodríguez, afirmó que compartían los términos de la propuesta socialista, sin embargo, el grupo de gobierno no la dio paso. Y es que, aseguró, era irrenunciable acordar la repulsa a Maragall, ya que la iniciativa presentada por los socialistas catalanes había introducido en la situación un elemento "cualitativamente diferente", al ser la primera vez que un grupo no nacionalista reclamaba los fondos de la Generalitat republicana.

Pasqual Maragall valoró ayer de forma "muy positiva" la actitud que están manteniendo sus compañeros de partido en Salamanca frente a la presión "fortísima y muy provocativa", dijo, del PP en contra del traslado a Cataluña de los fondos de la Generalitata republicana.

Por su parte, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Joan Puigcercós ha presentado una proposición no de ley en el Congreso con el objetivo de que la cámara inste al Gobierno a organizar en seis meses el retorno a Cataluña de los documentos.