CAVA

El Instituto Innocenti de Unicef ha sacado a la luz los porcentajes de violencia doméstica que padecen los países desarrollados. Hay cifras que llaman la atención. Países como Japón, con un 59%, o el Reino Unido con un 25%, muy superiores al 13% que se padece en España, revelan que el desarrollo no va unido a la erradicación de este tipo de violencia. Es un informe en el que también se destacan los escasos progresos que las sociedades avanzadas han realizado en los últimos cinco años, hasta el punto de que sus casos de violencia se han incrementado, lo que es fiel reflejo de la ausencia de medidas eficaces y está haciendo que la situación comience a ser endémica.Esta situación está incubándose en nuestro Estado. La muerte, detenciones y golpes que sufren las mujeres a manos de sus parejas son algo cotidiano y raro es el día en que no conocemos de su realidad.

Es una realidad que muestra la ausencia de medidas por parte de las instituciones, lo que está obligando a la sociedad a tomar conciencia del problema y encargarse de la defensa de sus derechos, en una posición semejante a la de esos vecinos que, hartos de ver cómo se distribuye la droga entre sus hijos, se convierten en vigilantes de sus barrios. En este marco puede verse la pasada reunión de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA), que ha decidido asignar un especialista en malos tratos por barrio, o la sentencia de un juzgado de Barcelona que ha condenado por torturas, no por lesiones, en un caso de violencia doméstica.

Sin embargo, mientras las medidas que adopte la sociedad no vayan arropadas por las del Gobierno central y se escude, como ha hecho su secretaria general de Asuntos Sociales, en las dificultades que presenta la incorporación al Código Penal como delito de la violencia doméstica, o mientras dirigentes del PP tan cualificados como el alcalde de Madrid consideren que las parejas de hecho favorecen estos actos, será imposible la erradicación de un problema que exige la coordinación de todos y la coincidencia en las causas que lo provocan y puede que se termine, como en el caso de los inmigrantes, discutiendo quién paga los entierros, si los ayuntamientos, la comunidad, el Gobierno central o entre todos.

EUGENIO SUÁREZ PALOMARES