Los Verdes calcula que la 'ecotasa' generará 15.000 millones de ingresos

La comunidad andaluza puede ingresar entre 15.000 y 20.000 millones de pesetas anuales con la aplicación de la ecotasa, o cobro de un canon a los turistas en compensación por el deterioro medioambiental, cuyo importe ascendería a unas 1.000 pesetas de media, según los datos de Los Verdes de Andalucía.El portavoz confederal de esta formación, Francisco Garrido, explicó en rueda de prensa que se trata de una "buena medida" que permitiría inaugurar una "política fiscal medioambiental" en Andalucía y abrir las puertas a un nuevo modelo de fiscalidad, que se desarrolla ya en otros países europeos.

Explicó que la mitad de lo recaudado por este concepto se destinaría a la reconversión del sector y la otra mitad a la mejora de infraestructuras y de transporte público y resaltó que se trata de una iniciativa que afecta a todo el Gobierno y no sólo a la Consejería de Turismo, cuyo titular, el andalucista José Hurtado, se ha opuesto a la medida.

El consejero apuntó recientemente que la ecotasa presenta "muchísimas dificultades", entre las que destacó que se concibe como un impuesto, lo que puede perjudicar a la afluencia de visitantes a Andalucía, motivo por el que se oponen los empresarios del sector.

En este sentido, Garrido exigió al consejero que "no se esconda bajo las faldas de los empresarios" y que no trabaje utilizando sondeos de opinión, sino que, por el contrario, aplique una medida que apoya la mayoría política de la comunidad.

Para analizar esta iniciativa, Los Verdes han constituido un comité de enlace con el PSOE que analizará y construirá un calendario para posible aplicación de las distintas propuestas acordadas entre ambos partidos en materia medioambiental hasta 2001.

El consejero de Turismo y Deporte, el andalucista José Hurtado, se mostró dispuesto a debatir, "sin presiones", sobre la implantación de la ecotasa turística en Andalucía, al tiempo que advirtió de que su puesta en marcha presenta dificultades de tipo fiscal y de adaptación a la normativa de la UE, al margen del impacto económico que tendría la medida en el sector.