Salud achaca la denuncia de Málaga a un intento de deslegitimar la sanidad pública

La polémica generada por los cuatro enfermos de corazón fallecidos en Málaga mientras esperaban una operación no cesa. Ayer, la Delegación de Salud atribuyó la denuncia del jefe de cirugía cardiovascular del hospital Carlos Haya, Norbeto González, a la intención de "deslegitimar el sistema sanitario público". El delegado, José Luis Marcos, recordó que el cirujano tiene un "currículum jalonado de expedientes" y llamó la atención sobre la coincidencia entre la llegada de Ramiro Rivera como asesor del Ministerio de Sanidad y las denuncias de fallecimientos en Barcelona, Valencia y Málaga. Marcos destacó que tanto Rivera como González fueron expedientados por derivar pacientes de hospitales públicos a clínicas privadas.Según el Servicio Andaluz de Salud, González tiene la ratio más baja de intervenciones de los siete servicios de cirugía de Andalucía. Los desencuentros entre el SAS y González vienen de lejos. En 1997, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó la suspensión de un mes de empleo y sueldo impuesta por la Junta por desviar un paciente del Materno a una clínica privada. En la sentencia se recoge que "González les dijo que en el Materno se demoraría su operación".

Ségún el fallo, el médico les insinuó que "en una clínica privada la intervención tendría lugar con gran rapidez". Los hechos se remontan a 1991 cuando González remitió a John Briggs un día después de su ingreso en el hospital a la clínica privada Santa Elena. También se declara probado que González "llevaba a cabo una actividad incompatible" con la que le correspondía en su condición de jefe de servicio en un hospital público. La sentencia dice que este cirujano "tendió a recomendar, sugerir e insinuar dicho traslado y la posterior intervención, por él mismo, en la referida clínica".

En 1989 la gerencia del Carlos Haya interpuso una sanción de seis meses, con suspensión de empleo y sueldo, a González por "falta grave" a las normas establecidas. El TSJA lo absolvió al no considerar probados los hechos que se le imputan; pero, en la narración de los mismos, se dice que González remitió al Materno un paciente para su intervención desde la clínica Santa Elena. Intervenido y pasado el peligro, fue llevado a la clínica desde donde se le facturaron los honorarios: 320.000 pesetas para González, 100.000 para otro médico que operó con él y 66.300 pesetas al hospital público en el que se había hecho la intervención.

González no se mordió ayer la lengua al comentar las críticas: "Con eso matan al mensajero, pero no arreglan los problemas. ¿O se arreglan porque me sancionen?". En su defensa, argumentó que ninguno de los enfermos por los que fue expedientado era de la Seguridad Social, que al que llevó de la clínica al Materno fue porque en 1989 la coronariografía no existía en el centro privado y que al otro no lo desvió, sino que lo sacó del hospital a petición de la familia.

Ni los roces entre el SAS y el cirujano son nuevos, ni las denuncias del servicio de cirugía cardiovascular del Carlos Haya. En mayo de 1994, once médicos denunciaron ante un juzgado "la desproporción entre las necesidades y las posibilidades" y los riesgos de sufrir complicaciones graves o mortales que tenían los pacientes de corazón: "infartos, embolias, gangrena". La denuncia no prosperó.

En medio del cruce de críticas, la familia de uno de los fallecidos no descartó la vía penal. Carlos -hijo de Francisco Mancera, a quien el Carlos Haya llamó para operarlo 27 días después de muerto- dijo: "Aún no hemos tomado una decisión, pero como haya un rayo de negligencia vamos a denunciar el caso. No sé de quién ha sido la responsabilidad, pero si hay algún culpable es la administración porque parece que las personas son sólo números".

SATSE, CCOO y UGT coincidieron en señalar que con la denuncia se corre el riesgo de crear una alarma social injustificada. "Estas denuncias, hechas sin matizaciones", apuntó María Ángeles Pino, de UGT, "son muy peligrosas pues pueden llevar a pensar a los usuarios que la sanidad pública es un caos; y esto no es así".