Más de 40 países, en vías de ratificar el Tribunal Penal Internacional

"El Tribunal Penal Internacional entrará en vigor en dos o tres años", asegura, convencido, Philippe Kirsch, presidente de la comisión preparatoria del Tribunal Penal Internacional, una institución pensada para juzgar en el futuro los delitos de genocidio y de lesa humanidad, y los crímenes de guerra y de agresión. El Gobierno español envió el viernes al Parlamento, por el procedimiento de urgencia, un proyecto de ley orgánica por el que España ratifica el estatuto del TPI. Entrará en vigor cuando lo ratifiquen al menos 60 Estados. Más de 40 están en vías de hacerlo los próximos meses.

"El TPI sería más fuerte si en él participase Estados Unidos, pero puede funcionar sin EEUU", aseguró ayer Philippe Kirsch. Estados Unidos, añade, "mantiene fuertes reservas" respecto a las competencias del TPI. El Estatuto del TPI fue aprobado por 120 Estados, entre ellos España, en julio de 1998. Votaron en contra siete países, de los que hicieron pública su oposición Estados Unidos, China e Israel.El presidente de la comisión preparatoria del TPI participó ayer en unas jornadas sobre Justicia Penal Internacional, que han reunido en Madrid a juristas españoles y latinoamericanos para discutir la puesta en práctica del estatuto de este tribunal. Para que el TPI entre en vigor deben ratificarlo 60 Estados. Ya han firmado su adhesión 97 países, lo han ratificado 9, y otros 15, entre ellos España el pasado viernes, lo han enviado a sus Parlamentos nacionales para su ratificación. Y 22 Estados más tienen previsto enviarlo en los próximos meses a sus Parlamentos. Esto supone que más de 40 Estados, dos tercios de los necesarios, ratificarán entre finales de este año y los primeros meses de 2001 el estatuto.

En la inauguración, el lunes, de las jornadas, Eric Roethlisberger, en representación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), destacó que "la realidad ha demostrado que la justicia nacional como mecanismo de sanción para los crímenes de derecho internacional tiene limitaciones". Roethlisberger añadió que "la mayoría de los Estados que han sido confrontados con crímenes de guerra, de genocidio o con graves violaciones de los derechos humanos han sido incapaces de cumplir con sus obligaciones de represión". El TPI, añade, garantizará "la penalización de los crímenes más graves" para la comunidad internacional y enviará "una advertencia a los potenciales criminales", con lo que tendrá "un fuerte poder de disuasión".

Todo ello ocurrirá cuando entre en vigor, es decir, cuando lo ratifiquen al menos 60 Estados. El embajador español Juan Antonio Yáñez asegura que las adhesiones se están acelerando. Ya lo han firmado 97, y "el hecho de que países que habían votado en contra, como EEUU y China, estén participando activamente en los trabajos de la comisión , permite albergar cierto optimismo sobre el futuro del TPI".

Inviolabilidad del Rey

En España, uno de los escollos para la ratificación del TPI era la "inviolabilidad constitucional" del Rey, pues nadie podrá escapar a la jurisdicción de este tribunal internacional. El Gobierno ha concluido que no hace falta modificar la Constitución para ratificarlo porque la figura del Rey es inviolable en razón de su cargo constitucional, y para cometer los crímenes sujetos al TPI tendría que incumplir de forma flagrante su papel en la Carta Magna.

El TPI enjuiciará, de forma complementaria y subsidiaria a los tribunales nacionales, los crímenes de genocidio, lesa humanidad y los crímenes de guerra y de agresión que se cometan a partir de la entrada en vigor del TPI. Tales crímenes no prescribirán nunca. Estarán sometidos a su jurisdicción los países que lo ratifiquen, así como aquellos que así lo decida el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.