De la tutela pública al mercado laboral

Casi un centenar de jóvenes, que ha crecido bajo la tutela de la Administración autonómica, ha firmado contratos de trabajo, gracias al proyecto Labora, una iniciativa en la que se han invertido 400 millones de pesetas -el 75% financiado por el Fondo Social Europeo- para proporcionar salidas laborales a las personas tuteladas. El proyecto, que arrancó en 1998, ha logrado integrar a 272 en el mercado de trabajo, a través de prácticas empresariales o contratos. Francisco Legaz, presidente de Diagrama, la entidad que ha dirigido el proyecto, admitió ayer que afrontaron una tarea difícil para lograr "reconducir" al mercado laboral a "personas que se han roto en un momento de sus vidas".

Desde el inicio del programa, la asociación ha atendido a 389 jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 21 años. De ellos, 272 están integrados en el proceso formativo-laboral. Todos los beneficiados proceden de centros de protección de menores y han participado en el programa de forma voluntaria. Además de la formación, la asociación realiza un seguimiento individualizado de cada joven.

Unas 130 empresas andaluzas, sobre todo de actividades relacionadas con los trabajos manuales, colaboran con la iniciativa. Pero el programa también ampara los casos de autoempleo, que han puesto en marcha tres jóvenes. "Es importante que personas que nunca han tenido responsabilidades gestionen su propia empresa", comentó Legaz.

Diagrama, además, ha creado una empresa de inserción (Arranka Multiservicios Andaluces), que ha formado a 10 jóvenes -cinco de ellos inmigrantes- en trabajo de altura. Todos ellos están ya contratados. Esta empresa pretende dar respuesta a los jóvenes que tienen más dificultades para acceder a un puesto de trabajo por sus dificultades para adaptarse a horarios o por otros poblemas de conducta.

El consejero Isaías Pérez Saldaña defendió las empresas de inserción social como una "novedad para luchar en zonas marginadas y excluidas". El titular de Asuntos Sociales aprovechó para demandar al Gobierno estatal la aprobación del decreto que regule las ventajas fiscales de estas empresas.