El Parlamento debatirá la creación de centros para drogadictos encarcelados

VIENE DE LA PÁGINA 1 El Partido Socialista ha presentado una proposición no de ley ante el Parlamento en la que pide la creación de centros, que cumpliendo las medidas de seguridad pertinentes, den respuesta a las necesidades sanitarias de los drogadictos. La autora de la iniciativa, la parlamentaria Gemma Zabaleta, es partidaria de crear una red de centros, a caballo entre las actuales comunidades terapéuticas regentadas por ONGs, donde cumplen condena en tratamientos de desintoxicación los drogadictos que han cometido infracciones de escasa gravedad, y las tres cárceles que hay en Euskadi.

El debate impulsado va servir de alguna manera para que el Gobierno se decante por el sistema penitenciario que le gustaría desarrollar en el futuro, cuando recale en Euskadi la transferencia de prisiones: el mantenimiento de los tres grandes centros que hay ahora o la apuesta por instalaciones más pequeñas y descentralizadas, con posibilidad de que colectivos como los enfermos mentales y los toxicómanos dispongan de una atención más específica.

Para la parlamentaria del PSE, las medidas de deshabituación de las drogas se deben plantear de manera individualizada, pormenorizada, algo muy complicado en las prisiones. En la actualidad, casi 800 toxicómanos están incluidos en el programa de Intervención en toxicomanías, recibiendo algún tratamiento de desintoxicación en las prisiones de Basauri (Vizcaya), Martutene (Guipúcoa) y Nanclares (Álava). Este programa, financiado con 48 millones de pesetas por la dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia, es desarrollado en Nanclares por la Asociación de Psiquiatras Lur Gizen; en Basauri por la cooperativa Edex, y en Martutene por la Asociación Agipad.

"Altamento positivos"

Según el departamento, los resultados del programa durante 1999 han sido "altamente positivos" en los tres centros penitenciarios. El proceso de intervención comienza en algunos casos desde los servicios de asistencia y orientación al detenido. En estos servicios se orienta al toxicómano sobre todas las posibilidades de tratamiento a las que puede acceder y dependiendo de su situación incluso se propone al juez una medida alternativa a la prisión en un centro de tratamiento o comunidad terapéutica.

Sin embargo, este tipo de comunidades, dirigidas por ONGs como proyecto Hombre o la Fundación Etorkintza, no suelen tratar a personas catalogadas de delincuentes peligrosos, condenadas a una pena importante de prisión, y que, por ejemplo, han empleado armas de fuego en la comisión de sus infracciones o están implicadas en delitos que crean una gran alarma social (contra la libertad sexual). Es precisamente para este tipo de personas, que en la actualidad tienen que cumplir sus penas en la cárcel, hacia las que irían dirigidos los centros especiales que propugna el PSE.

De momento, la intención del departamento es potenciar una serie de recursos de apoyo al sistema penitenciario (centros de acogida para libertades provisionales, centros de día para terceros grados, residencias para enfermos de sida), como fórmula de prevención para acoger a los toxicómanos con un historial delictivo de escasa gravedad.

Uno de los inconvenientes con los que se encuentran los programas de desintoxicación que se realizan en las tres prisiones es el número de abandonos. Según los informes correspondientes a 1999 de las tres asociaciones, en Nanclares es del 60%, en Martutene del 57% y en Basauri del 25%. Las razones para la salida del programa son variadas: conducciones y los tralados de cárcel, quedar en libertad, pasar al régimen abierto o quebrantamientos de condena.