Pinochet recibe en su casa la primera orden judicial, que le insta a buscar abogado

El exdictador chileno Augusto Pinochet recibió ayer en su domicilio de Santiago la primera diligencia judicial en la que aparece como imputado. La juez argentina María Servini de Cubría, que investiga el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa en 1974 cuando ambos vivían exiliados en Argentina, envió hace dos meses estas diligencias a Chile pero el Ejército de ese país hizo caso omiso de la orden judicial hasta ayer. La juez insta al exdictador chileno a nombrar un abogado defensor. Si no lo hace, le será adjudicado un abogado de oficio.

El magistrado del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard, notificó en su domicilio a Augusto Pinochet para que nombre abogado defensor en el proceso que instruye la juez María Servini de Cubría en Argentina por el asesinato de Carlos Prats, exjefe del Ejército chileno en la etapa de Salvador Allende, y de su esposa. El asesinato fue cometido en Buenos Aires en 1974 mediante la colocación de una bomba en el automóvil de Prats. Por este crimen está detenido y procesado en Argentina un ex agente de la DINA y ahora Pinochet ha sido también inculpado.

Aunque la Corte Suprema, a petición de la juez Servini de Cubría, tramitó la diligencia judicial del juez Billard a principios de abril, esa orden no pudo cumplirse hasta el jueves porque el Ejército chileno no dio facilidades y desoyó dos requerimientos del magistrado. La institución castrense puso anteayer a disposición del juez y de su secretaria un vehículo, en el que un oficial de enlace los trasladó a ambos hasta el domicilio de Pinochet, en lo que constituye la primera diligencia judicial que llega hasta el mismo ex dictador en Chile.

Allí el juez Billard fue informado de que, por su salud delicada, Pinochet no le recibiría y la documentación quedó en manos del abogado del senador vitalicio, el coronel retirado Gustavo Collao. El ex dictador tiene ahora un plazo de cinco días para nombrar defensor, o le será designado uno de oficio en Argentina para el proceso criminal y una petición de prescripción en este caso.

Mientras se abre este nuevo flanco de problemas para Pinochet, el Ejército dio una señal pública de unidad con su ex jefe, cuando el comandante en jefe de la institución, general Ricardo Izurieta, asistió acompañado de la esposa del ex dictador a un acto en la Fundación Pinochet y al término de éste expresó que si el senador vitalicio es despojado de su fuero por la Corte de Apelaciones de Santiago, "es una situación que ciertamente a mí no me satisface".

Cohesión militar

El gesto de Izurieta apuntó sobre todo a mostrar cohesión y se dirigió a la llamada familia militar, los uniformados en retiro. Entre los más duros de esa familia militar bulle cierto descontento por su actuación en el caso Pinochet y ante los procesos a los ex altos oficiales por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Las cerca de 2.000 personas que concurrieron en la noche del jueves a la entrega de 400 becas de la fundación a estudiantes hijos de uniformados - entre militares activos, en retiro, representantes de las otras ramas de las Fuerzas Armadas y pinochetistas- vieron a Izurieta llegar junto a Lucía Hiriart, esposa del ex dictador. Al terminar, el jefe del Ejéricto dijo que el apoyo de su institución a Pinochet "no se acabó en Londres, sino que es permanente".

Hubo en el acto un ambiente de constantes muestras de respaldo entre militares en activo y en el retiro. Los asistentes gritaban en apoyo a Pinochet: "¡Se siente, se siente, el Tata está presente!". Hiriart, en un discurso improvisado, el primero desde que regresó a Chile después de la detención de su esposo en Londres, afirmó que en la vida de los grandes hombres "siempre hay injusticias". Criticó que el país resultó para ellos "injusto e innoble" y dijo que si la justicia de los hombres falla "la divina despertará".

Por otra parte, ayer se interpusieron en tribunales dos nuevas querellas contra Pinochet, con lo que el total se elevó a 97. Una fue por la detención y desaparición de tres jóvenes socialistas en Mendoza (Argentina), en 1976, posteriormente trasladados a un centro de tortura de la DINA, en Santiago, y otra por la ejecución en 1974 de una persona por parte de este mismo organismo represivo.