El presidente De la Rúa afronta su primera huelga general en Argentina
La primera disputa dura entre el Gobierno de la Alianza, que preside el radical Fernando de la Rúa, y el sector disidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), que lidera el peronista Hugo Moyano, acabó en empate. La huelga nacional de 24 horas convocada por Moyano hace sólo una semana se cumplió ayer con una adhesión importante de los principales gremios que le apoyan, y de los que responden al Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA). El porcentaje de absentismo de maestros en las escuelas, de empleados en los tribunales, de chóferes de camiones y de transportes públicos y privados fue alto en todo el país. Los comercios permanecieron abiertos y los empleados trataron de llegar a tiempo a los despachos de las empresas privadas, pero la incesante lluvia y el frío excesivo para la época contribuyeron a la desolación temprana de las calles de Buenos Aires.A punto de cumplir cinco meses desde que asumió el Gobierno y a sólo dos días de la elección del jefe de Gobierno de Buenos Aires, una elección considerada clave para fortalecer a la Alianza en el poder, el presidente Fernando de la Rúa insistió ayer en que le cuesta "entender los motivos reales de la huelga". A su juicio, "no tiene justificación". El ministro de Trabajo acusó a los organizadores de montar "un paro político". A su vez, Moyano no negó la acusación: "Claro que se trata de un paro político, es una protesta pacífica que se propone hacer reflexionar al presidente de la nación para que rectifique sus políticas económicas y laborales".
Promover el empleo
El proyecto de reforma a las leyes laborales que De la Rúa envió al Congreso para "promover el empleo" fue el detonante de la guerra que primero dividió a la CGT entre sindicalistas duros y blandos y luego provocó la reacción de los llamados combativos. Moyano acusa de "traidores" a los que discutieron y pactaron las nuevas leyes con los funcionarios del Gobierno y también a los diputados y senadores peronistas que las apoyaron en el Parlamento, aun cuando todavía falta la última y definitiva sesión en la Cámara de los Diputados para que resulten aprobadas las reformas.
La disputa sindical, que tiene alcances políticos, se enmarca en la grave crisis que afecta al peronismo desde que perdió las elecciones generales el pasado octubre y el presidente Carlos Menem entregó el poder en diciembre, después de ejercerlo durante diez años. El partido tiene tres cabezas visibles. La que reúne a los gobernadores de las provincias más importantes del país, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba; la de quienes ejercen el control de los bloques parlamentarios, y la de los llamados caciques sindicales.
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