Controles europeos caso por caso

El Parlamento Europeo endureció el pasado 12 de abril las condiciones de aprobación y uso de los organismos genéticamente modificados en la UE. Las enmiendas introducidas por la Eurocámara a una directiva de la Comisión sobre los transgénicos, que suponen la primera expresión en el derecho comunitario del llamado principio de precaución, están destinadas a incrementar las condiciones de seguridad de los cultivos y a eliminar progresivamente las variedades de semillas consideradas más discutibles.En concreto, los países europeos deberán eliminar de aquí a 2005 las semillas modificadas que contengan genes de resistencia a antibióticos, es decir, la mayoría de las semillas transgénicas que se siembran ahora en Europa. Estos genes de resistencia son un producto colateral del proceso de modificación genética en el laboratorio, y existe el temor -por el momento no avalado por ninguna evidencia experimental- de que esos genes puedan transferirse a una bacteria y conferirle así resistencia a ciertos fármacos antimicrobianos.

El mismo pleno parlamentario exigió que tanto la Comisión Europea como los Estados miembros evalúen caso por caso las posibles repercusiones ambientales que pueda implicar el cultivo de cada nueva semilla transgénica, ante el temor de que el polen pueda diseminarse a cultivos adyacentes y los contamine genéticamente.

También en abril entró en vigor en la UE la obligatoriedad de etiquetar todos los alimentos cuyos ingredientes contengan más de un 1% de organismos genéticamente modificados. La etiqueta "libre de transgénicos" no se adoptó debido a la dificultad de garantizar que una semilla u otro producto no se haya contaminado accidentalmente, por ejemplo durante su transporte.

En realidad, la UE tiene decretada una moratoria de facto por la que no autoriza ningún nuevo organismo transgénico desde junio de 1999, por decisión de los 15 ministros comunitarios de medio ambiente. Hasta esa fecha, la UE había autorizado 18 variedades de semillas genéticamente modificadas.

España, con unas 25.000 hectáreas sembradas en 1999, es el país de la UE con más superficie cultivada de transgénicos, principalmente maíz modificado para resistir a la plaga del taladro, muy común en Aragón y Cataluña.

El pasado enero, 130 países firmaron en Montreal (Canadá) el llamado Protocolo de Bioseguridad, un acuerdo que impone ciertas restricciones al comercio internacional de organismos genéticamente modificados. En virtud de este acuerdo, en el que la UE logró plasmar el principio de precaución, cualquier país podrá negarse a importar un organismo transgénico aduciendo meras dudas sobre su seguridad para la salud o el medio ambiente, sin necesidad de aportar evidencias científicas sólidas de esos riesgos, y sin que importen los acuerdos sobre libre circulación de mercancías que ese país haya alcanzado previamente en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En Montreal, los negociadores estadounidenses evitaron que se obligara a los países exportadores a etiquetar sus cargamentos de semillas transgénicas con una información detallada. Sin embargo, el creciente rechazo de los consumidores y, sobre todo, de las organizaciones ecologistas, ha empezado a dificultar las exportaciones. Las nuevas etiquetas pretenden revertir esa situación.