141 alcaldes de Tarragona apoyan al rector de la Rovira i Virgili

Un centenar de alcaldes y concejales de poblaciones de la provincia de Tarragona se dieron cita ayer ante la catedral de la ciudad para dejar constancia de su apoyo al rector de la Universidad Rovira i Virgili, Lluís Arola, procesado por un delito de prevaricación por haber sancionado a una profesora que repartió exámenes de selectividad en castellano, y respaldar el reglamento de uso del catalán en el campus, suspendido de forma cautelar por los juzgados de lo contencioso-administrativo. Los alcaldes, pertenecientes a todo el espectro parlamentario catalán, incluido dos regidores del PP, dieron lectura a un manifiesto que cuenta con el apoyo de 141 de los 189 ayuntamientos de la zona. En el documento se asegura que los dos conflictos "evidencian la voluntad de frenar el proceso de normalización lingüística de Cataluña" así como "una actitud de hostilidad contra la lengua catalana".

El manifiesto de los alcaldes no es, precisamente, una muestra de prudencia frente a las investigaciones judiciales. De forma contraria a lo que, por el momento, han determinado los juzgados, los ediles aseguran que tanto el rector como el coordinador de las pruebas de acceso a la universidad, Joan Igual, también procesado por prevaricación, "han seguido rigurosamente la normativa aprobada por el Parlamento de Cataluña", cuando en realidad la citada normativa es un simple reglamento de uso interno redactado por un funcionario, que jamás ha pasado por la Cámara y ni siquiera ha sido publicado oficialmente.

Los alcaldes rechazan "las actitudes que, por medio de un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento de uso de la lengua catalana, hacen evidente la voluntad de frenar el proceso de normalización lingüística de Cataluña".

Sin nombrarlo, los alcaldes se refieren a la agrupación presidida por el conservador Aleix Vidal-Quadras, Convivencia Cívica Catalana, promotora del recurso. El manifiesto, difundido a través de la Diputación de Tarragona a instancias de un grupo de alcaldes, finaliza expresando "el respeto a las decisiones de la justicia, pilar fundamental del Estado de derecho".