Los vigilantes del río

En la madrugada del 25 de abril de 1998, cuando la balsa minera de Aznalcóllar reventaba liberando su peligrosa carga, un equipo de científicos de la Universidad de Córdoba y el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía navegaba por el estuario del Guadalquivir. Desde mayo de 1997, y por encargo de la Consejería de Medio Ambiente, estos especialistas estaban ocupados en el estudio de las comunidades acuáticas que habitan en el tramo final del cauce, al objeto de regular la actividad pesquera en la zona. De forma azarosa, se convirtieron en testigos privilegiados de la riada tóxica que en pocas horas alcanzó la desembocadura del Guadalquivir, aunque el grueso del vertido pudo ser retenido, y neutralizado, en el interior de las marismas.Los datos que se habían recopilado hasta el momento del accidente daban cuenta de la riqueza piscícola del estuario. En un espacio relativamente pequeño, que ocupa los últimos 50 kilómetros de río, se catalogaron más de 70 especies de peces y otras tantas de invertebrados. Pero, además, destaca Carlos Fernández Delgado, director de este proyecto de investigación: "habíamos demostrado que el estuario desempeña un importante papel, como zona de cría, para un grupo de especies de gran valor comercial, entre las que se encuentran el boquerón, la sardina, la baila, la corvina, el lenguado o el langostino".

Impacto real

En estas circunstancias, el vertido tóxico constituía una seria amenaza para las actividades pesqueras de numerosas localidades y, en particular, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), por lo que las investigaciones de estos científicos se centraron en medir el impacto real de este suceso, aprovechando la información de la que ya disponían tras haber analizado el estuario antes del vertido.

Curiosamente, en las tres estaciones de muestreo situadas en la zona afectada por los residuos mineros el número de especies capturadas después del accidente fue superior al de las capturadas antes del mismo. Las diferencias, advierte Fernández Delgado, "pueden ser atribuibles a múltiples causas, pero, sobre todo, a las diferentes condiciones ambientales". El periodo comprendido entre junio de 1997 y abril de 1998 podría calificarse de húmedo, iniciándose inmediatamente después un ciclo seco que abarcaría hasta el mes de agosto de 1999. Al escasear las lluvias aumenta la salinidad del estuario, mejorando así las condiciones para las especies marinas que acuden a esta zona.

La relación entre la salinidad y la riqueza piscícola es evidente, y lo mismo puede decirse de la temperatura del agua. Por este motivo, los investigadores han llevado a cabo un análisis estadístico donde se compara el número de especies antes y después del vertido, pero anulando los posibles efectos de la salinidad y la temperatura. De esta manera, no existen diferencias significativas entre el número medio de especies piscícolas localizadas antes de que se produjera la rotura de la presa minera y las que se capturaron en los meses posteriores. "Hasta el momento", precisa Fernández Delgado, "no parece que el vertido tóxico haya tenido un efecto negativo sobre la riqueza piscícola del estuario".

En lo que se refiere a la abundancia de ejemplares de las diferentes especies, tampoco se han advertido alteraciones significativas. A pesar de todo, el grupo de investigadores que trabaja en el Guadalquivir, y que también analiza las consecuencias del vertido en el cauce del Guadiamar, considera que todavía es pronto para extraer conclusiones definitivas.

Tiempo prudencial

"Aún no ha transcurrido un tiempo prudencial para detectar todos los cambios que han podido producirse en las comunidades acuáticas, por lo que habría que mantener la vigilancia, ya que estamos hablando de una zona en donde crían especies comerciales y en la que cualquier alteración tendría importantes repercusiones económicas y sociales", razona Fernández Delgado.

Sin embargo, la continuidad de estos trabajos no está asegurada, ya que la financiación que en su día obtuvieron, a través de las partidas presupuestarias asignadas al Programa de Investigación del Corredor Verde, se agota el próximo mes de mayo, y hasta ahora, a pesar los requerimientos que han dirigido a la Consejería de Medio Ambiente y la Estación Biológica de Doñana, no parece que vaya a prolongarse. Las asociaciones ecologistas, y diferentes agentes sociales de los pueblos situados en las riberas del estuario, consideran, por el contrario, que éste es, precisamente, uno de los capítulos a los que habría que seguir destinando recursos.

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