La JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a cuatro generales por los ‘falsos positivos’ en Antioquia

El sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz en Colombia avanza en uno de sus casos más emblemáticos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los hechos más graves ocurridos en el marco del conflicto armado, ha imputado este miércoles crímenes de guerra y lesa humanidad a cuatro generales del Ejército por su responsabilidad en más de 400 asesinatos en Antioquia, como parte del proceso por los llamados falsos positivos, el eufemismo con el que se conocen los civiles asesinados por militares para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate.

Óscar Enrique González, Luis Roberto Pico, Jorge Ernesto Rodríguez y Juan Carlos Piza, los cuatro generales imputados, fueron comandantes sucesivos entre los años 2004 y 2007 de la Cuarta Brigada, que antes había estado encabezada por el general Mario Montoya en el departamento que concentra una cuarta parte de los más de 6.400 casos documentados en todo el país. El tribunal de paz ya había determinado para los años 2002 y 2003 una política de facto de conteo de cuerpos liderada en su momento por Montoya, previamente imputado por crímenes de guerra y lesa humanidad en esos años. Después fue comandante de la Séptima División, y en 2006 llegó a ser comandante del Ejército Nacional ―como también lo fue González después―. En su día, Montoya pedía “litros de sangre” en los programas radiales con los que se comunicaba con sus hombres. Una práctica que se prolongó en el tiempo, con matices. A los generales no les servían las capturas sino las bajas. El auto de este miércoles determina que esa política se arraigó, fortaleció y extendió en Antioquia. Ese baño de sangre a manos del Ejército se repitió a lo largo y ancho del país.

Lo que comenzó como un fenómeno localizado en el oriente del departamento, se extendió a partir del 2004 tanto en el Valle de Aburrá y en Medellín como en el norte, nordeste y otros territorios antioqueños. La política de conteo de cuerpos desata lo que la JEP califica como un “patrón macrocriminal” en el que al menos 434 personas ―identificadas con nombre, apellido, fecha y lugar de ejecución― fueron asesinadas por miembros de seis batallones de la Cuarta Brigada, en su momento la más importante del país. Al Batallón de Artillería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez, conocido como el BAJES, que concentra la inmensa mayoría de los crímenes en los años 2002 y 2003, le comienzan a competir otros batallones por el primer lugar en bajas en los años 2004, 2005, 2006 y 2007, los más críticos, según ha detallado la magistrada Catalina Díaz. Ella es una de las encargadas del macrocaso 03, que investiga los asesinatos ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

La política de facto de conteo de cuerpos queda evidenciada en las investigaciones del tribunal de paz. Aunque no está consignada en ningún decreto o documento, los cuerpos se convirtieron en el indicador principal del éxito del esfuerzo militar. La eficacia de los militares se medía en número de bajas, como demuestran las pesquisas. Los comandantes promovieron una competencia feroz entre los batallones para ocupar los primeros lugares, pues significaban beneficios específicos como ascensos, permisos, comisiones al exterior o condecoraciones. Por el contrario, las unidades que no presentaban bajas eran estigmatizadas y sus miembros amenazados. Esa combinación, explican los investigadores, desató lo que llaman el patrón macrocriminal de las ejecuciones. A pesar de las múltiples advertencias, no hubo ninguna corrección. Por el contrario, los mandos militares acusaron a las organizaciones de la sociedad civil que denunciaban los casos de ser “idiotas útiles” del terrorismo.

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Subcaso Antioquia

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción documentó cuatro modalidades del fenómeno en Antioquia. La primera consistió en el asesinato de civiles previamente señalados arbitrariamente de ser milicianos, auxiliadores o integrantes de las guerrillas, sin verificación mínima de información; en su inmensa mayoría eran campesinos del oriente antioqueño. La segunda, en conseguir a las víctimas a través de falsas ofertas de trabajo, engañándolas para que se trasladaran al lugar donde serían entregadas a las tropas que después las asesinarían. La tercera modalidad consistió en asesinar combatientes enemigos rendidos, heridos o capturados que ya se habían entregado a los militares. Y la última, en el “asesinato oportunista de personas”, víctimas que se encontraban en lugares donde las tropas estaban acantonadas, patrullando o de paso y fueron asesinadas en circunstancias improvisadas.

Junto a los generales en retiro, y por los mismos crímenes, fueron imputados 25 oficiales y 10 suboficiales. Ahora, todos ellos tendrán 30 días para reconocer o rechazar su responsabilidad. La JEP, considerada la columna vertebral de los acuerdos de paz, se ha visto obligado a navegar en medio de la polarización que ha caracterizado a la sociedad colombiana desde los diálogos de La Habana. El tribunal privilegia la verdad plena, y establece penas alternativas a la cárcel a cambio de que los involucrados confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. El 90% de los imputados han reconocido haber cometido o participado en los crímenes por los que los señalan.

Otras decisiones judiciales en el caso 03 han abordado patrones de ‘falsos positivos’ en Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila, pero Antioquia es un lugar particularmente ilustrativo del fenómeno. Las cuatro modalidades, por ejemplo, confirman los hallazgos que ya se habían detectado en el resto del país. La JEP estableció hace ya cuatro años que hubo por lo menos 6.402 víctimas en todo el territorio colombiano. Esos crímenes, perpetrados principalmente durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), un férreo opositor a la negociación con la extinta guerrilla de las FARC, aún estremecen a una sociedad que busca doblar la página de la violencia sin esquivar la verdad. Entre 2002 y 2008 se presentó el 78% del total.