El jefe de la Policía Local de Granada dimite tras el registro a su despacho por presuntos amaños en las oposiciones

José Manuel Jiménez Avilés, superintendente de la Policía Local de Granada, ha presentado este miércoles su renuncia a seguir en el puesto después de que policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraran su despacho y el de sus hombres de confianza en las dependencias policiales. Este registro obedece a una investigación que se sigue desde los últimos meses de 2024 por presuntas irregularidades en distintos tribunales de oposiciones, tanto de nuevo acceso como para promoción interna. Los presuntos amaños van, además, más allá de la capital y ya están involucradas también al menos dos localidades de la provincia, Albolote y Algarinejo. La investigación, declarada secreta, apunta provisionalmente al hasta ahora jefe de la policía granadina y varias personas de su confianza, con y sin responsabilidades en el cuerpo. En la capital, el registro incluyó la jefatura de policía, un edificio administrativo del ayuntamiento y la sede sindical del Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPLG) y de la academia de formación para opositores.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha convocado este miércoles a la prensa de forma urgente para confirmar que había aceptado la renuncia del jefe de la policía local ―del que, por otra parte, había grabaciones que no lo dejaban en buen lugar circulando en diversos medios de comunicación desde hacía bastantes días–. Además, Carazo ha informado de que han renovado “por completo, y con personal externo” el tribunal para la promoción interna a intendente, previsto para mañana jueves que se pospone hasta el 10 de marzo. También ha explicado que había ordenado poner en marcha “un proceso de revisión de los procedimientos de selección del personal funcionario” de la Policía Local de Granada. El puesto de jefe policial lo ocuparán, de manera rotatoria, los tres intendentes del cuerpo mientras se selecciona a un nuevo superintendente en un proceso que ya ha comenzado.

Los problemas en la policía local de Granada vienen de largo. Ya en 2007, la Audiencia Provincial acreditó la existencia de fraude en unas oposiciones, aunque archivó el caso al no poder encontrar a los responsables. Desde entonces, los tribunales de policía local han estado en entredicho en numerosas ocasiones, aunque nunca había llegado al punto de una investigación judicial secreta y el registro de las dependencias policiales. Y a pesar de ese secreto, hay grabaciones que salen a la superficie periódicamente. Lo curioso, opinan algunos agentes contactados por este diario, es la naturaleza de esas grabaciones en circulación. No se trata de conversaciones telefónicas, sino realizadas con dispositivos externos, posiblemente, en el despacho del superintendente.

La alcaldesa, en su comparecencia, ha asegurado que “las grabaciones, pasar audios… pone de manifiesto problemas, rencillas”. Carazo también ha dicho que han trasladado toda la información disponible de las oposiciones ocurridas desde 2019 a la Fiscalía y al juzgado competente.

Desde el Sindicato Independiente de Policía Local de Granada aseguran que el registro a sus instalaciones no les hace responsables de nada, y achacan esa entrada policial a una denuncia que hicieron sobre el anterior secretario general en 2020, acusándole de llevarse 73.000 euros del sindicato. “Su defensa fue acusarnos de ser partícipes en unas oposiciones fraudulentas y eso, que negamos y que está en el juzgado aún, es lo que nos ha metido en todo esto”, asegura un portavoz.

José Francisco Cano, fundador y miembro del Consejo Asesor de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol), explica que Jiménez Avilés no pertenece a ella y que no conoce el caso en profundidad. Cano, sin embargo, da claves relevantes. Sobre por qué, en Granada como en otros sitios, los tribunales de los pueblos menores están conformados por jefes de la capital, Cano dice que “estos ayuntamientos carece de mandos y personas preparadas y que sean funcionarios públicos para supervisar estos procesos”. “Es legal recurrir a miembros de otras ciudades”, detalla. Eso ha ocurrido en el área metropolitana de Granada donde, presuntamente, un grupo de fieles de Jiménez Avilés se alternaba en los tribunales para conceder plazas a conocidos.

El fundador de Unijepol cree que una medida para acabar con estos amaños es hacer procesos selectivos unificados para todas las localidades de una comunidad, algo que ocurre en Castilla y León, La Rioja o Castilla-La Mancha. Se trata de oposiciones semejantes al MIR, de los médicos. “Unas pruebas unificadas y quienes aprueban eligen por orden de nota de entre las plazas y pueblos disponibles”, explica.