El Gobierno elogia ante Naciones Unidas la política lingüística de Jordi Pujol

El entendimiento entre Convergència i Unió (CiU) y el Gobierno del Partido Popular (PP) bate récords. El Ejecutivo, a través de un informe del Ministerio para las Administraciones Públicas, se ha deshecho en elogios hacia la política lingüística de la Generalitat ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Un comité de este organismo de la ONU, con sede en Ginebra, ha estudiado durante el pasado mes de marzo la supuesta discriminación de los castellanohablantes en Cataluña a partir de una petición de Asociación por la Tolerancia.

Asociación por la Tolerancia, entidad cívica de Barcelona que combate la política lingüística de la Generalitat, acudió al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), un organismo adscrito al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, para que examinase la supuesta persecución de la lengua castellana en Cataluña. Pero la asociación se encontró con un escollo imprevisto: el Gobierno español, que ha defendido con ahínco la política lingüística de la Generalitat ante este organismo.Tanto en el informe elaborado a requerimiento de Naciones Unidas como en las comparecencias en Ginebra de altos cargos del Ejecutivo, la posición ha sido siempre la misma: las medidas adoptadas por la Generalitat no lesionan ningún derecho de los castellanohablantes y se han aplicado "con gran cuidado".

El subdirector general de Cooperación para las Comunidades Europeas, José María Pérez Medina, adscrito al Ministerio para las Administraciones Públicas, compareció el mes pasado en dos ocasiones ante el CEDR. En las sesiones del 13 y 14 de marzo de este año -cuando el PP disponía ya de mayoría absoluta-, Pérez Medina defendió el sistema de inmersión, que considera al catalán como lengua vehicular en la enseñanza, y aseguró que otro sistema hubiera "llevado al establecimiento de dos comunidades separadas" y, por tanto, se habría incrementado "el riesgo de conflicto".

El informe del Gobierno afirma que las más de 3.000 quejas planteadas en 1998 ante el Defensor del Pueblo con motivo de la política lingüística procedían de una "campaña orquestrada" y pide que se tomen "con precaución" las apreciaciones de la Asociación por la Tolerancia. La entidad pertenece a Convivencia Cívica Catalana, presidida por el eurodiputado del PP Alejo Vidal-Quadras.

Pese a la vehemente defensa de la política lingüística de la Generalitat que ha hecho el Gobierno, el CEDR reclama en sus conclusiones que el Ejecutivo español vele para que las medidas emprendidas para conseguir la normalización del catalán no supongan ninguna discriminación.