Los jueces vascos advierten de que la mala coordinación policial pone en riesgo su integridad

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco apela, en la memoria judicial de 1999, a que los responsables de Interior de la Administración central y la vasca mantengan una "rigurosa coordinación" en asuntos de Seguridad para evitar desajustes que deriven en "resultados lesivos para la vida y la integridad física" de los jueces y fiscales en Euskadi.En concreto, la memoria reconoce la competencia de la Ertzaintza en esta materia y pide expresamente al Ministerio del Interior que "tan pronto" como cuente con datos que "comprometan" la seguridad personal de los jueces los "comuniquen sin demora" al Departamento vasco de Interior para que no se abra "un paréntesis de desconcierto y zozobra". Además, profundiza en ese problema al indicar que si la información no fluye a los responsables de la Seguridad en Euskadi (la policía vasca) es "imposible garantizar el mínimo de protección que reclaman" los afectados.

Ese apartado del documento finaliza con la indicación de que, si en esos paréntesis de "desajustes" entre ambas administraciones se produce algún atentado con resultado lesivo, es "posible determinar la responsabilidad penal de quienes, pudiendo hacerlo", no han transmitido la información a tiempo.

Tras la ruptura del alto el fuego de ETA, los responsables vascos de Interior mantuvieon reuniones con la judicatura para iniciar un plan de seguridad respecto a los jueces y fiscales de Vigilancia Penitenciaria susceptibles de ser objetivo de ETA. Entre los magistrados que han aparecido en los papeles de la banda terrorista se encuentra la presidenta de la Audiencia de Vizcaya, Ana Iracheta, quien figura en la lista de los objetivos del comando Vizcaya.

Pese a todo, se exige que se reanuden "inaplazablemente" las reuniones de la Comisión Mixta de Seguridad, formada por representantes de responsables vascos de Interior y de la Sala de Gobierno del alto tribunal vasco.

Libertad condicional

Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria ratificó ayer la libertad de forma condicional de Arkaitz Goikoetxea, detenido el pasado día 2 tras ser trasladado a un hospital con heridas en una mano producidas, según la policía, por su implicación en incidentes de violencia callejera.

El primer juez que le tomó declaración, el del número 1 de Vitoria, acordó su puesta en libertad y el fiscal recurrió la decisión al no existir indicios suficientes que le relacionen con los sabotajes.

Pese a que la Ertzaintza asegura haber presentado diversas pruebas -entre ellas análisis que sostienen que la ropa del joven tenía restos de pólvora-, el auto indica que las pruebas presentadas por el fiscal "no han sido obtenidas con garantías que de forma reiterada exige la jurisprudencia del Tribunal Superior y que refleja la doctrina del Tribunal Constitucional", informó Gestoras pro Amnistía.