Promesas incumplidas

Esta es una de las pocas ocasiones en que una cuestión de este estilo llega a los tribunales y es aceptada. La mayor parte de casos se intenta resolver por la vía administrativa. La razón estriba en que la judicial es una opción costosa y que, además, como apunta el asesor de la Unión de Consumidores de España, UCE, Enrique Garcia, "requiere puntualizaciones muy estrictas y la acreditación de las irregularidades que se denuncian"; es decir, pruebas.En este caso, la denuncia sí hace referencia a determinadas pruebas: fotografías del estado de la casa en que estaba buena parte de los niños, anuncios de prensa solicitando familias para acoger niños de paso. Pilar Calvente y su marido han decidido llevar a juicio lo que consideran una tomadura de pelo: "A nosotros nos prometieron un trato que no se cumplió, y mi hija vivió en una casa que distaba mucho de lo anunciado en la publicidad que nos habían hecho llegar, con otra joven en colchonetas en el suelo. Su estancia estuvo llena de irregularidades y yo la viví con miedo, aunque ella tuvo la valentía de recoger algunas pruebas de lo que pasaron".

Enrique García cree necesario que ASEPROCE ponga en marcha un código de autorregulación del sector, además de ofrecer consejos para evitar el engaño: básicamente recabar la máxima información sobre la empresa organizadora, el tipo de cursos que se ofrecen, como va a ser el transporte, tener el máximo de información.