El fiscal acusa a Huguet y Aguiar de ofrecer impunidad tributaria por dinero

La supuesta trama de corrupción de la Agencia Tributaria en Barcelona, en la que están implicados el ex jefe de la Inspección Regional de Cataluña, Josep María Huguet, y el ex delegado de Hacienda en Cataluña, Ernesto de Aguiar, obtuvo "pingües beneficios" al "ofrecer impunidad" fiscal a importantes contribuyentes, entre ellos el constructor y presidente del F.C. Barcelona, Josep Lluis Núñez, permitiendo "graves conductas de evasión fiscal". Así se recoge en la querella del Fiscal Anticorrupción, que atribuye a los 15 imputados los delitos de "asociación ilícita, cohecho y prevaricación", entre otros.

La querella de la Fiscalía sitúa en la cúspide de la trama a Josep María Huguet, que tenía un "poder absoluto" para decidir sobre las inspecciones. El ministerio público imputa, además de a Huguet, a siete inspectores o ex altos cargos, así como a abogados y colaboradores de la red. En total, 15 personas acusadas de "cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad en documento público, delitos contra Hacienda, asociación ilicita y omisión del deber de investigar delitos". Por encima de Huguet estuvo Ernesto de Aguiar, ex delegado de Hacienda en Cataluña, que luego fue su socio en negocios particulares. Por debajo estaban otros cinco inspectores tributarios también denunciados por la Fiscalía.

El caso Huguet y Aguiar provocó en su día la dimisión de José Borrell como candidato socialista a La Moncloa, al asumir su responsabilidad política por la conducta de quienes fueran sus estrechos colaboradores durante su etapa como secretario de Estado de Hacienda.

Anticorrupción imputa a la red de Huguet unas 20 irregularidades diferentes para favorecer a contribuyentes, entre los que se cita a empresas del grupo Núñez-Seteinsa, a la inmobiliaria Ibusa -propiedad del ex político de AP Eduardo Bueno Ferrer- y a sociedades dependientes del Grupo Torras y vinculadas a Javier de la Rosa y su ex abogado Juan José Folchi, también imputado en la causa.

La querella recoge que "los inspectores, junto con el Inspector Regional, denegaron injustificadamente la inclusión en el Plan de Inspección de algunos contribuyentes con los que estaban concertados". Asimismo, se les imputa la "finalización anormal de expedientes", el haber procedido "al cambio de actuario inicial sin existir causas objetivas para ello", "no tramitar información relevante obtenida" o "dictar actos administrativos de liquidación confirmando las propuestas de regularización contenidas en actas que no contemplaban evidentes indicios de graves defraudaciones".

Otras actuaciones delictivas son "dejar prescribir procedimientos o no iniciarlos con indicios de riesgo de evasión fiscal"; "reducir periodos de comprobación", "regularizaciones ilegales"; "archivos injustificados" o "realización de inspecciones superficiales". De hecho, se revela que los funcionarios imputados revisaron 15 sociedades (en el caso de Ibusa) en el tiempo récord de 60 días, a cargo del inspector jefe adjunto Roger Begua.

Anticorrupción imputa a cinco inspectores y ex altos cargos de Hacienda patrimonios "ocultos de origen desconocido y no desclarados", como cuentas descubiertas en Suiza, participaciones empresariales e inmuebles.