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El Consell usa una fundación auspiciada por la UE para adjudicar servicios infomáticos sin control

Los presupuestos de la Fundación OVSI se nutren de diversas consejerías y empresas del sector

El proceso de modernización de la administración valenciana se desarrolla en gran medida al margen de las garantías de transparencia, publicidad y concurrencia que ofrecen los concursos públicos. El Consell utiliza la Fundación Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información como instrumento sujeto a derecho privado para adjudicar gran parte de sus proyectos emblemáticos. Una política que pervierte el estatuto original de la fundación, una institución auspiciada por la Unión Europea (UE) para fomentar el teletrabajo y el autoempleo a través de las nuevas tecnologías informáticas.

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Un consejero bajo sospecha

La Fundación OVSI fue constituida en marzo de 1996 como parte de un proyecto piloto impulsado por la Dirección General XIII de la UE desde 1995 que persigue promover el desarrollo de la sociedad de la información en seis regiones europeas: el Noroeste de Inglaterra (Reino Unido); el Estado Libre de Sajonia (Alemania); la región del Paso de Calais (Francia); Macedonia Central (Grecia); el Piamonte (Italia); y la Comunidad Valenciana.El espíritu de la iniciativa consistía en explotar los beneficios de las nuevas tecnologías para investigar nuevos yacimientos de empleo y estudiar la viabilidad del trabajo doméstico y las posibilidades de generar pequeñas empresas que ofrezcan sus servicios a través de la red.

La Fundación OVSI está integrada actualmente por la Generalitat Valenciana; el Impiva; la Diputación de Alicante; la Cámara de Comercio de Alicante; representantes empresariales y sindicales; las cajas de ahorro de la Comunidad Valenciana y diversas empresas privadas entre las que destacan Telefónica, Iberdrola, Fujitsu o Bull. Está amparada por la normativa que establece "incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general" y se define como "integrante del plan director de telecomunicaciones de la Generalitat Valenciana", que es una parte de plan de modernización de la administración.

El resultado de su estrecha adscripción a los designios del Consell es que la OVSI actúa, de hecho, como una sociedad mercantil que sirve los intereses de diversas consejerías y adjudica servicios sin control alguno.

Los presupuestos de la OVSI se nutren esencialmente de subvenciones de la propia Generalitat a través de convenios con las distintas consejerías. También recibe donaciones de los patronos y otras empresas. Pero, aunque está auspiciada por la UE, las partidas procedentes del Fondo Social Europeo son mínimas.

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El primer proyecto impulsado por la OVSI fue Infoville. Durante el año 1998, por ejemplo, la Generalitat Valenciana contribuyó con una subvención de 155 millones de pesetas, a los que hay que sumar otros 15 procedentes del Impiva; Telefónica aportó 150; otras entidades colaboraron con 54 millones; mientras que la aportación del Fondo Social Europeo, a fondo perdido, se redujo a 30. Para el presente ejercicio, las previsiones de ingresos se han disparado en el mismo proyecto debido al número de usuarios que está previsto que se sumen al servicio. Para el año 2000, la aportación de la Generalitat se eleva a 600 millones, la de Telefónica a 500, pero la del Fondo Social Europeo se queda en 15.

La estrategia de OVSI para el año 2000 muestra como se ha extendido el mecanismo. El proyecto Sanitat Direct, por ejemplo, será desarrollado por otra empresa participada por la Generalitat, Telefónica, Iberdrola, IBM y el Grupo Drac que se llama Tissat. Y será financiado a través de un convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana que aportará 300 millones de pesetas procedentes de la Consejería de Sanidad. Los 73 millones restantes en que se estima el coste del proyecto procederán, según OVSI, de los beneficiarios de los servicios. Infocole, otro de los proyectos que impulsa OVSI, recibirá una subvención de 40 millones de la Consejería de Educación.

El recurso a OVSI para esquivar los concursos convocados desde las respectivas consejerías resulta doblemente llamativo cuando se comprueba que Tissat está implicada en los grupos de trabajo que impulsan los principales proyectos. Creada en 1990, Tissat era una empresa semipública que debía prestar servicios a la administración. Pero desde que Eduardo Zaplana llegó a la presidencia de la Generalitat, Tissat ha crecido de forma espectacular y cuenta entre sus clientes a grandes empresas privadas.

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